A juicio ex funcionarios por licuar una deuda de casi 250 millones de pesos a favor de ALPAT

El titular de la Procuración de Investigaciones Administrativas, Sergio Rodríguez, denunció a ex funcionarios del gobierno de Néstor Kirchner, empresarios y un juez por haber reformulado un régimen de promoción industrial que terminó beneficiando a una firma que hoy pertenece al grupo Indalo, de Cristóbal López.

Se trata de la empresa Alcalis de la Patagonia SA, dedicada a la producción de carbonato de sodio en San Antonio Oeste, en la provincia de Río Negro, que gracias a esa reforma habría conseguido un acuerdo preventivo extrajudicial y así habría licuado una deuda de casi 250 millones de pesos de aquel momento que la firma tendría con el Estado Nacional, dice la denuncia.

Según se indicó en la página de noticias www.fiscales.gob.ar de la Procuración, Rodríguez denunció ante la justicia federal que ex integrantes del gabinete de Néstor Kirchner habrían abusado en su gestión del ejercicio de la función y quebrado la fidelidad asumida al simular la reunión de una serie de condiciones requeridas por la Constitución Nacional para el dictado de un Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU). 

En la nómina de funcionarios acusados de “administración infiel en perjuicio de la administración pública por abuso defraudatorio”, el fiscal de la PIA incluyó a Aníbal Fernández, Roberto Lavagna, Alicia Kirchner, José Pampuro, Alberto Fernández, Daniel Filmus, Rafael Bielsa, Horacio Rosatti, Carlos Tomada y Julio De Vido, entre otros.

Varios de esos ex funcionarios ya se habían alejado del Gobierno de Néstor Kirchner cuando -según el fiscal- comenzó en 2006 el proceso de saneamiento de la empresa: Lavagna, por ejemplo, había renunciado a fines del 2005 por diferencias en la política económica, mientras que Rosatti -hoy ministro de la Corte Suprema- también había dejado la cartera de Justicia a mediados de 2005 tras frenar una sospechosa licitación para la construcción de cárceles con supuestos sobreprecios, indicaron a DyN fuentes consultadas.

En su denuncia, el fiscal Rodríguez también denunció al juez Gustavo Toquiera, a cargo del Juzgado Letrado de Primera Instancia de Ejecución Nro. 1 de Comodoro Rivadavia, Chubut, y a los empresarios Raúl Zamora y Fabián De Sousa, socio de López y procesado en la causa “Los Sauces” junto a la ex presidenta Cristina Fernández y sus hijos Máximo y Florencia Kirchner.

Rodríguez entendió que había que investigar si los denunciados participaron de una maniobra que, por un lado, habría beneficiado a la empresa Alcalis de la Patagonia con exenciones y diferimientos impositivos a través del mencionado DNU. Y, si por otro, se habría permitido sustituir una deuda a favor del Estado Nacional de aproximadamente 250 millones de pesos por un paquete accionario de ínfimo valor a través de un Acuerdo Preventivo Extrajudicial irregular, representando un perjuicio para la administración pública.

Para el fiscal, los hechos se habrían iniciado en 2005 cuando el entonces presidente Kirchner, junto a su gabinete de ministros, reformuló el régimen de promoción industrial de Alcalis de la Patagonia mediante el DNU 475/05.

Pero en junio de 2006, la empresa quedó bajo el control de otra denominada South Mineral SA, cuyos presidente y vice eran entonces De Sousa y Zamora, respectivamente, y ahí comenzó el proceso de saneamiento de las deudas de la empresa y por ello se inició un acuerdo preventivo extrajudicial, en el marco del cual se remitió una propuesta a tres empresas: Ibicon Ansalt, Bergo Ansalt y Almeraya Sol Investment, como también al Estado nacional.

La maniobra, entendió el fiscal, se perfeccionó con la deliberada inacción de los funcionarios públicos de los entonces Ministerios de Economía y Producción (fundamentalmente el área legal de Industria y la Dirección General de Asuntos Jurídicos) que dejaron vencer los plazos para defender los intereses del Estado Nacional en dicho APE, con el consecuente perjuicio patrimonial al erario público.

De acuerdo con la presentación del fiscal Rodríguez, el acuerdo preventivo “habría exhibido una serie de graves irregularidades -falta de documentación, abuso del derecho, ausencia de síndico, computación de deudas en monedas extranjera, ausencia de intervención fiscal, etc.- que darían cuenta que el juez habría actuado de modo parcial y en exclusivo interés y beneficio de la empresa, perjudicando al Estado Nacional”. (Telam)

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