Es ley la creación de la Secretaría de Narcocriminalidad en Río Negro

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La Legislatura sancionó por unanimidad y en única vuelta, la ley remitida por el Poder Ejecutivo que crea la Secretaría de Narcocriminalidad que funcionará en el ámbito del Ministerio de Seguridad y Justicia.

Esta iniciativa fue defendida en Cámara por el legislador Facundo López (JSRN) quien explicó que “el Ejecutivo decidió que este tema sea tratado por ley en la Legislatura, aunque podría haberlo resuelto con un decreto”, al considerar que “de esta manera este importante organismo no quedará librado al albedrío del gobierno de turno”.

Señaló que “como Gobierno necesitamos ponernos al frente de esta problemática, crear las condiciones adecuadas para lograr erradicar el narcotŕafico, tarea difícil que tenemos que dar, y asignarle los recursos necesarios para hacer frente a este tipo complejo de criminalidad”.

Se sumaron posteriormente al debate los legisladores Mario Sabatella (FpV), Soraya Yahuar (UCR), Viviana Germanier (JSRN) y Alejandro Marinao (FpV) quienes desde sus respectivas visiones sobre el particular aportaron otros conceptos, aunque en todos los casos acompañaron con su voto la sanción del proyecto.

El organismo se hará cargo “de la coordinación de una decidida ofensiva del Estado Provincial contra el tráfico ilegal de drogas y la criminalidad que conlleva”, según prevé articulado de la norma.

Su fin principal será asesorar al Gobernador de la Provincia y al Ministro de Seguridad y Justicia, en todos los temas inherentes a las estrategias para combatir la producción, acopio, distribución, comercialización y consumo de drogas ilícitas, permitiendo adoptar políticas públicas más efectivas y eficaces.

El Ejecutivo fundamentó que “la realidad nos muestra que la extensión, magnitud, gravedad, complejidad del tráfico y consumo de drogas ilícitas, aumenta constantemente en nuestra provincia afectando, de manera notoria a la población joven, y utiliza el territorio provincial para la expansión del tráfico más allá de nuestros límites”.

“El concepto de narcocriminalidad comprende todas aquellas conductas vinculadas con el crimen organizado en materia de narcotráfico y delitos conexos. Así entendida constituye una actividad ilícita industrial, comercial y financiera de alta rentabilidad” que constituye “una grave amenaza para la salud y el bienestar de los seres humanos y menoscaba las bases económicas, culturales y políticas de la sociedad”.

Reconoce que “los esfuerzos realizados, tanto desde la Organización de Naciones Unidas y de los Estados Nacionales, pasando por las Agencias especializadas de alto desarrollo, como desde las fuerzas de seguridad nacionales y provinciales, resultan a todas luces insuficientes para frenar la expansión y morigerar los graves daños provocados por las organizaciones criminales locales y aún supranacionales que se dedican a estas actividades” a lo que se suma “la violencia y corrupción institucional que trae aparejado”.

Por ello “resulta imprescindible contar con un organismo específico que nuclee las políticas y acciones tendientes a combatir esta problemática, dotándolo de las herramientas necesarias”, justifica el Poder Ejecutivo provincial.

Los fundamentos del expediente oficial agregan que “las instituciones existentes en nuestro territorio se encuentran en inferioridad de condiciones ante los demás organismos supraprovinciales abocados a combatir el flagelo de la droga” por lo que es “responsabilidad de este gobierno crear las condiciones adecuadas para el desarrollo de las tareas de erradicación del narcotráfico que se desplieguen” en el territorio rionegrino.

A efectos de contar con los medios económicos para el desarrollo de las acciones que encarará esta Secretaría, el Poder Ejecutivo reasignará las partidas presupuestarias necesarias, prevé el articulado.

Aptitudes para ser Auditor de Asuntos Internos

La última iniciativa, también del Ejecutivo, fue fundamentada en Cámara por el legislador Leandro Lescano (JSRN). Establece modificaciones en cuanto a las condiciones y aptitudes necesarias para cubrir el cargo de Auditor General de Asuntos Internos, funcionario responsable del esclarecimiento de casos en el marco de la lucha contra la corrupción, el abuso funcional y las violaciones a los derechos humanos en el ejercicio de las funciones de seguridad.

Por interpretar que “el conocimiento y la pericia profesional del responsable jerárquico de las actividades de auditoria, debe extenderse no sólo a las tareas de la auditoria, sino que debe abarcar actividades tales como: gerencia, organización y otras materias que produzca el organismo”, se introducen modificaciones a la ley que creó este instituto, ampliando la posibilidad de que para el cargo puedan postularse no sólo abogados, sino también contadores públicos.

 

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