Recientemente se abrió una nueva crisis en San Antonio por problemas de liquidez y deudas salariales de las empresas Calme Pesquera SA y Río Salado SA. El gobierno provincial solucionó la situación con una asistencia financiera, pero a mediano y largo plazo se plantea el debate si mantener una actividad pesquera en base a grandes empresas que no son de la provincia o apuntalar un empresariado local incipiente, como lo propone el legislador Javier Iud.
El mes pasado se planteó el conflicto con las empresas Calme Pesquera SA y Río Salado SA., que argumentaron no poder pagar los sueldos de los trabajadores por la “fuga” de un gerente que se llevó ese dinero, situación que no quedó aclarada. A partir de reuniones encabezadas por el ministro Marcelo Martin; el subsecretario de Empleo y Capacitación de la Secretaría de Trabajo, Mariano Zacharonok, y el subsecretario de Pesca, Jorge Bridi, entre otros, la provincia hizo una propuesta de asistencia que avalaron los trabajadores y que en el corto plazo permitió superar la situación.
De esta manera, se hizo una asistencia de $2.800.000, de los cuales $300.000 se depositaron directamente a las cuentas particulares de los trabajadores y el resto ($2.500.000) se otorgó en forma de crédito a las empresas, para afrontar posteriores pagos a proveedores y personal.
PROMOVER UNA BURGUESÍA LOCAL
El legislador Javier Iud (FpV) señaló a la agencia APP que la situación generada con estas dos empresas de capitales extraprovinciales vuelve a marcar la necesidad de fortalecer un proyecto de desarrollo pesquero con gente de la zona, promover “una burguesía local pesquera”.
Dijo que de lo contrario cada año o año y medio se repetirá la crisis con empresas que llegan de afuera, que supuestamente son solventes, pero luego se van dejando una fuerte crisis.
Criticó la falta de reuniones de la Comisión de Pesca legislativa que todavía no ha abordado su proyecto de reforma de la Ley de Pesca, que apunta a dar un marco legal de protección a ese empresariado local pesquero.
Iud indicó que a ese sector no se le permite desenvolverse porque chocan con las empresas que monopolizan el cupo pesquero permisible que otorga la provincia, cuyos dueños son en general de otras provincias, de Mar del Plata o Puerto Madryn.
Afirmó que se debería “apuntalar un nuevo empresariado local; si ya tenemos algunos empresarios que tienen un barco, otros que tienen una planta de hielo, otros que están haciendo su plantita pesquera y otros que se dedican a la comercialización, quiere decir que hoy San Antonio con gente del pueblo cubre todo el ciclo productivo”.
En este marco, indicó a la agencia APP que su proyecto de ley busca dar “un marco legal a esta gente”, subrayando que la actual vigente no sirve, “cada año o año y medio tenemos una crisis que deja un tendal de gente sin trabajo”.
NUEVA LEY DE PESCA
Iud explicó tiempos atrás a la agencia APP que la Ley de Pesca que quiere actualizar “surge con el advenimiento de la democracia, es la 1960, y estuvo modelada en la época donde el imperio pesquero de nuestra región estaba encabezado por la empresa insignia histórica de San Antonio que era Galme Pesquera y que tuvo continuidad con otra empresa que fue Camaronera Patagónica”.
Agregó que “el sistema pequero se comprendía entre la planta pesquera propiamente dicha, donde se recibe el pescado, se procesa, se envasa y se vende, y la etapa productiva, extractiva, los barcos que pescaban, todo en cabeza de un mismo empresario”.
Señaló que “las crisis de 2000, 2001 en adelante, hicieron que se dividiera el sector, donde por un lado estaban los dueños de las empresas y por otro los dueños de los barcos, que justamente no coincidían en la titularidad, que es un poco el régimen que nos toca vivir hoy”.
Mencionó que los dueños son en general “foráneos, fundamentalmente de la economía marplatense”.
Señaló que comúnmente se tiene la visión que “vienen, juntan la pesca y se la llevan” y las empresas “aparecen, se funden y desaparecen”, tal como suele pasar en todo el litoral patagónico.
No obstante, en los últimos años se visualiza “una incipiente burguesía local, hoy hay algunos jóvenes muchos de ellos, provenientes de la actividad pesquera, que han hecho el esfuerzo, han comprado un barco, luego otro, juntan dinero de la extracción y ponen una fábrica de hielo, un fenómeno interesante”.
Señaló en este marco que a ese empresariado local hay que apoyarlo con herramientas normativas, para que no dependan de tener que venderle a esas dos o tres empresas grandes que ponen el precio.
Expresó que la reforma que promueve tiende a modificar esa situación y a regular la actividad.
Mencionó además que las empresas tienen el cupo permisible de hasta 9 mil toneladas, pero se da el fenómeno, y por eso baja la actividad, que capturan en los últimos años como máximo 6 mil, “por la aparición del langostino, que no tiene cupo ni existía veda, que permite un procesamiento más económico, da menor trabajo, y consiguen un mismo valor”.
Explicitó que el pescado tiene mayor nivel de procesamiento y por lo tanto tiene un impacto laboralmente más positivo, que el langostino al que se le pone bajo nivel de procesamiento. “Por eso tenemos desocupación en el ámbito pesquero y eso hay que regularlo”, aseveró.
Paradójicamente indicó que los empresarios locales, con los barquitos, comenzaron muchos de ellos con el langostino, pero está en condiciones de ir metiéndose en todo el negocio pesquero, para lo cual necesita una herramienta normativa acorde.
Señaló que más allá del panorama sanantoniense, la reforma ayudaría a empujar la actividad en Viedma y en Sierra Grande. (APP)
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