La resolución por la tarifa del gas

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En las últimas horas los vaivenes judiciales y políticos precipitaron las decisiones sobre qué hacer con las tarifas de gas aplicadas lo que a nuestro criterio constituyó un desatino administrativo, técnico y jurídico, que desde todo punto de vista, afectaba considerablemente a un  sector de la sociedad que no estaba en condiciones de asumir un costo adicional en sus alicaídas economías familiares, azotadas por este y muchos aumentos de lo que constituye la canasta familiar.

Los resultados que se avizoran como consecuencia de los planteos judiciales a lo largo y ancho del país eran más o menos los esperados.

La decisión de la  Procuradora General de la Nación,  Alejandra Gils Carbó, al rechazar el recurso extraordinario del Ministerio de Energía y confirmar la sentencia que declaró la nulidad de las resoluciones que ordenaban un nuevo marco tarifario de gas, empieza a poner las cosas en su lugar, dándonos una proyección positiva al emitir su opinión.

La resolución, más allá de las consideraciones técnicas que hacen a los planteos jurídicos de los diferentes actores y jurisdicciones y de disponer las necesidad de las audiencias públicas como mecanismo de participación para la adopción de decisiones en materia tarifaria,  pondera la cuestión social que a nuestro criterio, es el argumento fundamental y necesario  que debe tener el estado cuando decide sobre los derechos de usuarios y consumidores.

Señala Gils Carbó en su dictamen, que los aumentos impactan de manera inmediata e irreversible en el acceso a un servicio básico y en la planificación de gastos familiares y costos empresariales. Más aun abunda en la necesidad de observar lo establecido en la constitución nacional en lo referido tanto a la información y participación, como así a la protección de los intereses económicos y al trato digno y equitativo de usuarios y consumidores todas cuestiones que oportunamente esta Defensoría del Pueblo, invoco como derechos constitucionales vulnerados.

En efecto este fue  en definitiva el espíritu que nos animó  meses atrás cuando junto a mi equipo de trabajo y en mi carácter de Defensora del Pueblo, presenté tres amparos judiciales, en cada una de las jurisdicciones que la Justicia Federal tiene en Río Negro, para de esta manera, proteger a todos los usuarios rionegrinos.

No solo planteamos la inconstitucionalidad de los  aumentos sino que señalamos que estos eran desproporcionados, desiguales, irracionales e ilegales por la afectación de los  derechos de propiedad  e intereses económicos de los usuarios del servicio público por lo que atacamos desde lo jurídico el fondo de la cuestión,  pidiendo la nulidad de las resoluciones y retrotraer los valores al cuadro tarifario anterior.

La batalla judicial sigue ardua y con tiempos que no contemplan la necesidad del vecino afectado. Pero como lo señalamos al principio,  los vaivenes que tiene la política y la justicia, dieron lugar a resoluciones como la de la Procuradora General de la Nación, que señala la necesidad de que decisiones de esta naturaleza deben tener un marco de racionalidad y sensibilidad para no afectar derechos esenciales de los ciudadanos. Asimismo resalto  que efectivamente corresponde a la justicia el análisis de los límites basados en leyes vigentes, efectuando un control en el ejercicio de las funciones cuando  se extralimiten, como en este caso al establecer el incremento tarifario.

Si bien el dictamen de la Procuración no es vinculante para la decisión que haga  hoy el máximo Tribunal del país, debe tenerse muy presente toda vez que se sustenta en los derechos constitucionales afectados y reclamados. En esencia nos permite observar la continuidad de un camino positivo al mantener la decisión de otras instancias judiciales que oyeron y frenaron el aumento tarifario del gobierno. Por tal motivo  se espera hoy una decisión definitiva de la Corte que ponga fin a la incertidumbre social, asentando u un sentido de protección a los derechos humanos.

No obstante y sin entrar en esta dicotomía de éxito o fracaso , es sí significativo señalar que todo proceso debe estar enmarcado en el respeto de la ley, en un debate abierto y sujeto a la decisión de la justicia, ya que toda política pública, debe implementarse con acatamiento y apego al marco legal vigente.

A estas decisiones nos debemos atener.

Sin  embargo en nuestro rol de Defensor del Pueblo, no nos debemos detener ni soslayamos la necesidad de seguir trabajando en defensa de los intereses de todos y cada uno de los rionegrinos.

Y en ese sentido velaremos para que  los sectores más vulnerables de la sociedad tengan el tratamiento adecuado a la hora de pagar por un servicio esencial y para poder avanzar en lo que consideramos un principio de equidad como lo es el tratamiento diferenciado basado en las realidades regionales.

Como lo hemos propuesto oportunamente en el propio ministerio de Energía de la Nación, seguiremos trabajando para que  todos los habitantes de la región sur de Río Negro, por sus características particularidades, accedan a la tarifa social por que  sus condiciones sociales y económicas así lo exigen.

Nadina Díaz

Defensora del Pueblo de Río Negro

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