Sesionó el Concejo Deliberante de SAO

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Se realizó ayer una nueva sesión del Concejo Deliberante de San Antonio Oeste. 
Participaron todos sus integrantes. Luis Esquivel, presidente; Ayelén Spósito, Fabiana La Biunda, Jorge Sánchez Pino y Fabrio Mirano (FPV); José María Clemant, Elizabeth Mereles y Alejandro Railefe (JSRN) y Diego Colantonio (UCR). Ivana Gómez en la secretaría.
Trataron cerca de 50 expedientes, de los cuales 40 ingresaron al orden del día, y el resto sobre tablas. 
Por unanimidad aprobaron un proyecto del Poder Ejecutivo que modifica la norma impositiva madre, y establece un aumento de las tasas por servicio retributivo. La suba ronda el 30% para los contribuyentes domiciliarios, al igual que los locales comerciales. Mientras que para las empresas comerciales de mayor envergadura, como supermercados, casino, bancos y estaciones de servicios, el incremento será del 40%.
También en forma unánime sancionaron una ordenanza que encomienda al Poder Ejecutivo a no renovar la licencia comercial del local bailable ubicado en Sarmiento y Belgrano.
Por otra parte, e igualmente con los votos de la totalidad del cuerpo, aprobaron una comunicación dirigida al Ejecutivo para que envíe para su evaluación el convenio de colaboración que el intendente Luis Ojeda firmó con Claudio Urcera, titular de la empresa Compañía SA, para depositar en un campo de su propiedad los desechos de langostinos. Le impusieron un plazo de 24 horas para la presentación del documento.
En tanto, aprobaron por ordenanza el reglamento interno del campo de Equinoterapia y un pedido destinado al Poder Ejecutivo para que destine parte de la partida presupuestaria correspondiente a Publicidad para la realización de campañas de concientización, educación, prevención y medidas a tomar mientras se realice la obra de remediación.
Otra comunicación aprobada es para que el Ejecutivo cumpla con la ordenanza 2480, que creó el Vivero Municipal.
El orden del día incluyó además el pase a archivo de distintos expedientes y resoluciones para otorgar aportes económicos a instituciones y preadjudicaciones de parcelas, entre otros.

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