OPINION. La pesca marítima industrial en Río Negro se encuentra normada desde 1985 por la Ley 1960. En aquella época los tentáculos de una empresa eran capaces de emprender todo el proceso productivo. Galme (primero) y Camaronera (después), eran titulares de los barcos, empleadores casi exclusivos de la marinería, como la descarga de la producción, que era transportada desde el puerto a la planta en camiones de propiedad, así como todo el personal de planta que procesaba la mercadería, y los medios para llevar el pescado envasado a la góndola, tenían un mismo dueño.
Con el correr de los años, el sector se fue dividiendo y en la actualidad advertimos plantas sin barcos, o barcos sin plantas de proceso, impensado para la ley vigente. La concentración incluía hasta la producción de hielo, vital para el negocio. “Si te doy el hielo, yo pongo el precio de tu pescado”, se oyó decir.
Destaco que la Ley de Pesca prevé solo la explotación de recursos pesqueros todo el año (salvo en tiempos de veda biológica o climática), prohibiendo expresamente la actividad estacional. Hace tres años, la aparición o explotación del langostino significó otro cambio rotundo en la realidad pesquera.
Vigente la Ley 1960, se consolida el sector pesquero artesanal con ley propia, 2519, que muchas veces se ve en colisión normativa, operativa o de aplicación.
Se suman al complejo, embarcaciones que por su eslora (hasta 9,90 metros o por excepción algo más) están incluidas en el “régimen artesanal”. Pero por sus artes de pesca, potencia de motor y capacidad de bodega se asemejan más a los barcos de pesca industrial. Este particular subsector sui generis se ha denominado flota intermedia, creación pretoriana del concepto, que no anida en ninguna de las dos leyes vigentes, y que obliga a funcionarios a realizar piruetas olímpicas para lograr su encuadramiento.
Anualmente para la merluza se fijaba una captura máxima permisible, basada en estudios científicos de la biomasa existente (entre 8.500 a 9.000 toneladas-año). En estos últimos 6 años se carece de estudio alguno que permita conocer la salud del Golfo, pero se arguye que si se pesca la mitad de lo que alguna vez se fijó, no habría problemas. Esto es puesto en duda por “la gente de mar”. Y denuncian que una parte del pescado se tira al agua si no reúne la talla requerida, con el consiguiente daño ambiental del que no se sabe con certeza su impacto. Falta de controles y estudios, otro agravante.
Volviendo al langostino, que hoy se denuncia que sale de la provincia sin procesar (con o sin autorización, se comenta en banquina de puerto) atenta contra la generación de trabajo en plantas de procesamiento en tierra, y el agregado de valor se efectúa injustamente en otras regiones.
Dejé para lo último la cuestión del financiamiento del Estado para estudios científicos, capacitaciones para los distintos actores del sistema, créditos al sector, campañas de promoción y venta de productos pesqueros rionegrinos, y demás acciones que no se realizan por falta de plata.
Hace 15 años la provincia adhirió a la Ley Federal de Pesca, fruto de la cual ingresan recursos provenientes del Fondo Nacional Pesquero (Fonape). A priori estimamos que más del 50 % no se ejecutaron (al menos en el sector). Contradictorio, si después no hay dinero para fines específicos del sector.
Es por ello que se hace necesaria una nueva ley de pesca provincial, y que previamente se realice una evaluación de los recursos económicos que la jurisdicción ha ido perdiendo en los sucesivos presupuestos provinciales como punto de inicio. Abrir una mesa de diálogo y aportes de todos los sectores involucrados: trabajadores, empresarios y Estado. Y en 200 días una nueva ley. La actual no resiste más parches, ni excepciones. Tenemos un Golfo muy rico, pero su gente vive en conflicto permanente. Es función del Estado administrar y organizar para que el negocio de la pesca sea rentable, pero también derrame a todos sus actores.
Hagamos de esta crisis una gran oportunidad.
*Legislador FPV
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