Legisladores de la CC-ARI solicitaron al Poder Ejecutivo que se corrija, modifique o se deje sin efecto el decreto reglamentario de la Ley Nº5059, que crea el Programa Integral de los agentes dependientes con enfermedades progresivas, por considerarlo restrictivo, regresivo y avanzar indebidamente sobre lo ordenado por la ley.
Asimismo, piden que sea reemplazado por otro decreto que responda al espíritu de la misma.
En este sentido se han expresado también los gremios, especialmente los nucleado en el Frente Sindical (ATE, UnTER, SITRAJUR, y las dos CTA), que llevan años pidiendo la reglamentación de la ley. Señalan que la normativa debía garantizar la implementación completa de sus disposiciones, incluyendo la creación de un equipo interdisciplinario en la Obra Social provincial para el acompañamiento de los trabajadores afectados por estas patologías y sus familiares. Sin embargo, afirman que la reglamentación actual llega como un instrumento de ajuste en línea con el nuevo clima político nacional.
Los parlamentarios del ARI reclaman que “durante nueve años la ley no fue reglamentada y nos encontramos ahora con un Decreto Reglamentario, largamente reclamado por las organizaciones sindicales, que introduce limitaciones llegando a incluir pasos (como el Sistema de Juntas Médicas Provincial) no contemplados en la Ley, o nuevos requisitos y plazos para las licencias, sin siquiera mencionar el acompañamiento interdisciplinario que la Ley ordenaba crear al IPROSS e incluye cuestiones que sólo generan incertidumbre y son una involución en el tema”.
Además, resaltan que “nunca un Decreto puede estar por encima de una Ley y tampoco puede modificar el sentido que el Cuerpo Legislativo en su conjunto le dio. “En el caso de una Ley que reconoce, otorga o amplía derechos, el Decreto Reglamentario debe facilitar el pleno acceso y ejercicio de los mismos y no dificultar o reducirlo”, agregan.
La Ley N°5059, aprobada por unanimidad en el año 2015 por la Legislatura de Río Negro, creó el “Programa integral de los agentes dependientes del Estado Provincial con diagnóstico de enfermedades neoproliferativas malignas o enfermedades progresivas”, designando al IPROSS como autoridad de aplicación. Esta normativa busca facilitar a los trabajadores estatales que sufren estas graves enfermedades acceso a atención médica, medicamentos, tratamientos, acompañamiento y seguimiento especializado.
“No vamos a calificar la intención del Poder Ejecutivo al dictar este Decreto, no tenemos suficientes elementos para opinar si intenta “ajustar” respondiendo a un nuevo clima de época como declaran algunas organizaciones sindicales, pero tenemos muy claro que es restrictivo y regresivo y que debe ser corregido, modificado o dejado sin efecto y reemplazado por un nuevo Decreto que responda con mayor fidelidad al espíritu de la Ley”, concluyen desde el bloque.
