La reciente implementación de la Ley N.º 5726 en Río Negro, que prohíbe temporalmente el uso de radares de velocidad y anula más de 400.000 infracciones, ha generado una intensa controversia debido a su aplicación parcial.
El Legislador Fernando Frugoni, del bloque CC ARI Cambiemos, criticó duramente la gestión de la Agencia Provincial de Seguridad Vial, acusando a su director, el ex comisario Di Gregorio, de no cumplir con la normativa.
En una declaración en Signos FM, Frugoni expresó: «Lo que ha hecho la Agencia Provincial de Seguridad Vial es, en los términos que marca la ley aprobada en dos vueltas de nuestra autoría, incompetente. Debían notificar a todos los entes sobre la suspensión de las multas, incluyendo Juzgados de Faltas y el Registro de la Propiedad del Automotor. Esto no se ha hecho adecuadamente, y pedimos el apartamiento de Di Gregorio.»
Frugoni subrayó que la ley, aprobada por unanimidad y promulgada por el poder ejecutivo, debe tener aplicación inmediata. «No se puede demorar su aplicación. En localidades como Contralmirante Cordero y Dina Huapi, los radares han suspendido su funcionamiento hasta determinar si esta ley los alcanza. Sin embargo, los radares provinciales y los instalados ilegalmente, como el de Darwin, sí están afectados y deben anular las multas no cobradas.»
El legislador denunció que la Agencia Provincial de Seguridad Vial no ha notificado fehacientemente a los infractores en casi el 98% de los casos dentro del plazo de quince días establecido por la ley de tránsito. «Estas multas debieron haber sido anuladas después de los quince días por falta de notificación adecuada. Hay múltiples fallas y errores, y la actitud del director de la Agencia Provincial de Seguridad Vial es inaceptable.»
Frugoni también señaló que las irregularidades han llevado a que muchas personas con multas no notificadas enfrentaran problemas al realizar trámites, como la venta de vehículos. «Cualquier persona en esta situación debe declarar en el Registro del Automotor que está comprendida dentro de la nueva ley.»
El legislador concluyó advirtiendo que, si no se aplica la ley correctamente, se presentarán denuncias penales por incumplimiento de los deberes de funcionario público. «Vamos a acompañar esta situación y, si corresponde, presentar una denuncia por incumplimiento.»
