- El ingeniero Juan Carlos Suarez presenta la obra del canal Pomona - San Antonio
HISTORIAS SANANTONIENSES. El gobierno provincial, bajo la intervención del comodoro Luis H. José Lanari, decidió iniciar los estudios para el suministro de agua potable a San Antonio Oeste. El ministro de Economía, comodoro Roberto Huerta, fue el encargado de poner en marcha el proyecto y contrató al ingeniero Juan Carlos Suárez.
En 1966, un golpe de Estado instauró otro gobierno militar, esta vez denominado «Revolución Argentina». El presidente de facto, general Juan Carlos Onganía, nombró como gobernador interventor de Río Negro al comodoro Luis H. José Lanari.
Durante el bienio 1967-1968, el gobierno de facto instó a sus administradores a ordenar las finanzas públicas y presentar los proyectos de mayor importancia para cada provincia. Estas propuestas serían parte del “tiempo económico” de las grandes transformaciones de la Nación. No obstante, cada proyecto debía pasar previamente por el Consejo Nacional de Desarrollo (CONADE), dependiente del Ministerio de Economía.
El gobierno provincial identificó uno de suma relevancia: el abastecimiento de agua potable a la costa este rionegrina, particularmente a San Antonio Oeste, un pueblo que había perseverado a pesar de esta carencia y de muchas otras.
En septiembre de 1967, después de más de medio siglo de desengaños reiterados y numerosas iniciativas fallidas, el gobernador Lanari decidió iniciar una nueva etapa de estudios para la provisión del servicio a la ciudad.
De las propuestas históricas en discusión, prevaleció la que sugería la construcción de un canal a cielo abierto desde la localidad de Pomona, cercana a la isla de Choele Choel, hasta San Antonio Oeste. La obra proyectaba una extensión de 229 kilómetros, que podría reducirse a 187 kilómetros, lo que implicaría una disminución del costo final en un 20%.
El ministro provincial de Economía, ingeniero comodoro Roberto Huerta, quien lideraba la esperada obra, convocó al ingeniero Juan Carlos Suárez para llevar a cabo los primeros estudios. En sus informes, Suárez ratificó una de las ideas originales esbozadas por el ingeniero italiano César Cipolletti a fines del siglo XIX, cuando concluyó que «el escurrimiento por gravedad garantizaba la continuidad en el transporte de agua, sin consumo de energía y sin costo de explotación». Suárez propuso una estrategia general de ejecución, dividiendo la traza en cinco tramos, comenzando por los tres últimos.
Durante 1968, la Comuna y la Provincia se pusieron en acción. En septiembre de ese año, el ministro comodoro Huerta nombró al ingeniero Suárez titular de la Superintendencia Provincial de Aguas. Los trabajos preliminares se iniciaron con maquinaria de la Dirección Nacional de Vialidad. Se realizó el desmonte de unos 120 metros de ancho a lo largo de los campos que atravesaría el canal en sus 200 kilómetros de extensión. Paralelamente, se encomendaron estudios específicos adicionales.
Sin embargo, en 1969, dos sucesos políticos nuevamente pusieron en riesgo la realización del canal. Primero, el comodoro Huerta, su principal impulsor, fue designado interventor en la provincia de Córdoba. Poco después, el gobernador Lanari fue reemplazado por el ingeniero Juan A. Figueroa Bunge, un notorio opositor a la concreción de la obra.
El superintendente de Aguas, ingeniero Suárez, quedó como el único promotor del canal y fue interpelado por el interventor Figueroa Bunge para que suspendiera los trabajos. No obstante, antes de renunciar, Suárez solicitó una audiencia con el nuevo gabinete provincial para explicar las razones por las cuales la obra debía continuar.
En tiempos de convulsión social y presiones políticas, aquella reunión crucial se postergó indefinidamente. Tras el «Cordobazo» de 1969, las protestas y revueltas sociales proliferaron en todo el país. En Río Negro, fue el «Cipolletazo» el que, de repente, puso fin a la breve gestión del ingeniero Figueroa Bunge.
En la Casa Rosada, sin embargo, la obra del canal Pomona-San Antonio hacía tiempo que «sonaba a cuento», según relató años después el ingeniero Suárez. Afortunadamente, el nuevo interventor provincial, coronel Roberto Vicente Requeijo, comprometido con la integridad del proyecto y consciente de su importancia social, decidió perseverar en el desafío, a pesar de la opinión consolidada en Buenos Aires.
