La medida que será votada este martes 17 de diciembre en la Legislatura tendrá un impacto severo sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes), consideradas el motor principal de la economía y el empleo en la provincia.
La Federación de Entidades Empresarias de Río Negro (FEERN) expresó un «profundo rechazo y preocupación» ante la propuesta de eliminar el incentivo por cumplimiento fiscal, incluida en el paquete fiscal 2025 que será debatido este martes en la Legislatura provincial.
La FEERN hizo un llamado enérgico a los legisladores provinciales para que reconsideren su aprobación, ya que, de implementarse, la medida tendría un impacto severo sobre las pequeñas y medianas empresas (pymes). La federación subrayó que «no se trata de solicitar privilegios, sino de exigir condiciones mínimas que permitan a los emprendedores sostener sus actividades y mantener los puestos de trabajo».
«Este martes, cada legislador tendrá una responsabilidad histórica. Los ojos de los empresarios, trabajadores y comunidades estarán puestos en sus decisiones. Serán recordados por haber defendido a las pymes o por haberlas llevado al borde del abismo», manifestaron.
Según señalan, el incentivo por cumplimiento fiscal ha sido una herramienta fundamental para aliviar la carga tributaria de miles de pymes en Río Negro, permitiéndoles reducir las alícuotas de Ingresos Brutos entre un 10% y un 30%.
Sobre esta base, sostienen que su eliminación implicaría un aumento de hasta el 60% en la presión fiscal que enfrentan estas empresas, «comprometiendo su sostenibilidad en un contexto económico ya complejo». «¿Es esta la decisión que nuestros legisladores quieren tomar? ¿Van a darle la espalda a quienes sostienen el desarrollo de nuestra provincia?», cuestionó la entidad en su comunicado.
Impacto en el empleo y la economía local
Las pymes generan el 80% del empleo privado en Río Negro y representan el núcleo del tejido social y económico de las comunidades locales. La federación señaló que el Gobierno provincial y los legisladores «parecen desconocer esta realidad al impulsar medidas que agravan la situación crítica que enfrentan las empresas».
A esto sumaron la contradicción entre estas iniciativas y las exenciones fiscales otorgadas a grandes inversiones a través del Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), «que dejan a las pymes en desventaja frente a una economía marcada por el aumento de costos, la inflación y, ahora, una mayor carga tributaria».
«El aumento de las alícuotas de Ingresos Brutos, que pasarán del 3,5% al 5% en muchas actividades comerciales, es inaceptable y desproporcionado. El incentivo por cumplimiento fiscal no es un privilegio, sino un reconocimiento a quienes cumplen con sus obligaciones en un país donde la presión impositiva ya es asfixiante», advirtió la FEERN.
