El secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Cristian Berbel, brindó precisiones sobre el tratamiento que tuvo en el Concejo Deliberante un proyecto vinculado a terrenos fiscales ubicados en una zona estratégica de Las Grutas, más precisamente en Punta Norte, sobre la Costanera y en primera línea de playa, en el sector de los acantilados.
Berbel aclaró que en la última sesión del cuerpo legislativo no se trató la caducidad del terreno, ya que ese proceso se concretó previamente, sino que lo que se llevó al recinto fue un proyecto del Ejecutivo para autorizar el llamado a remate de los lotes y actualizar su valor. Según explicó, la caducidad del terreno rige formalmente desde el 1 de noviembre de 2025, tras constatarse reiterados incumplimientos por parte del adjudicatario original.
“El expediente de caducidad va por un carril distinto al proyecto que se trató ahora en el Concejo”, subrayó el funcionario, quien detalló que, una vez recuperado el lote por parte del Municipio, se decidió dividir el terreno original —de aproximadamente 1.800 metros cuadrados— en cuatro lotes de unos 450 metros cuadrados cada uno, considerados “lotes especiales” por su ubicación privilegiada.
Actualización del valor y llamado a remate
Berbel explicó que la iniciativa elevada al Concejo Deliberante surgió a partir del análisis realizado en la Comisión de Tierras, integrada por representantes del Ejecutivo, del Tribunal de Cuentas y concejales tanto del oficialismo como de la oposición. En esa instancia, se tomó como base el valor fiscal de los terrenos, al que se le aplicó un incremento del 150%, tal como lo permite la ordenanza vigente para lotes especiales en primera línea de playa.
“Con ese criterio, cada lote nos daba un valor aproximado de 93 millones de pesos”, indicó. Sin embargo, durante las conversaciones con los concejales —y particularmente a partir del aporte del concejal Araño, martillero público— se advirtió que terrenos de características similares, ubicados a unos 100 metros del lugar, se comercializan en valores cercanos a los 200 mil dólares.
“Entendimos que los valores que estábamos manejando eran bajos para la ubicación y el potencial del lugar”, señaló Berbel. Por ese motivo, el Ejecutivo solicitó al Concejo Deliberante la aprobación de una ordenanza para incrementar aún más el valor base, llevándolo a alrededor de 130 millones de pesos por lote, y avanzar con un remate público, a fin de garantizar transparencia y generar una compulsa que permita acercar el precio al valor real de mercado.
“No estamos hablando de llevarlos directamente a los 200 mil dólares, que hoy serían unos 300 o 350 millones de pesos, pero sí de actualizar los valores y permitir que el remate defina el precio final”, explicó.
El proceso de caducidad
En relación con la caducidad del terreno, Berbel fue enfático al remarcar que se trató de un procedimiento administrativo extenso y respaldado legalmente. El expediente fue analizado en la Comisión de Tierras, pasó en dos oportunidades por la Asesoría Legal y culminó con el decreto de caducidad firmado en noviembre.
El terreno había sido adjudicado en 2016 bajo un contrato de preadjudicación que establecía plazos claros: 12 meses para presentar planos, 18 meses para iniciar la obra y 48 meses para finalizarla. “Estamos en 2026, pasaron casi diez años y no se construyó nada. Hay una demora de 96 meses en el inicio de obra y de 65 meses en la finalización”, precisó el funcionario.
Según la ordenanza de tierras fiscales, cuando la mora supera los 60 meses, el adjudicatario debe abonar el 80% del valor actual del terreno o, en su defecto, queda sujeto a la caducidad. “La persona nunca se presentó a hacer un descargo ni a regularizar la situación, por eso avanzamos con la caducidad”, explicó.
Berbel reconoció que durante la sesión del Concejo Deliberante se produjo una situación que calificó como “llamativa y preocupante”, cuando un concejal advirtió que conocía al adjudicatario original y facilitó una comunicación telefónica en plena sesión. En ese diálogo, según relató el secretario, el propio dueño reconoció que estaba en falta, aunque manifestó su malestar por no haber sido notificado.
“En el expediente constan las notificaciones y las fechas de vencimiento. El contrato es claro: si no se cumplen los plazos, el terreno queda sujeto a caducidad”, sostuvo Berbel, quien agregó que la falta de construcción durante una década constituye una clara especulación inmobiliaria, tal como también fue señalado por otros concejales durante el debate.
Destino de los fondos
Finalmente, Berbel aclaró versiones que circularon sobre un supuesto canje de terrenos. “No se le va a entregar ningún lote a ninguna empresa. La venta de algunos de estos terrenos permitirá obtener recursos para obras concretas”, afirmó. En ese sentido, indicó que parte de los fondos que se obtengan del remate se destinarán al pago del piso de parquet del polideportivo, mientras que otro porcentaje se incorporará al fondo de adoquinado de Las Grutas.
“Como municipio no queremos competir con las inmobiliarias ni fomentar la especulación. Vendemos terrenos fiscales para que se desarrollen, no para que queden ociosos durante años”, concluyó Berbel, reafirmando que el objetivo del remate es transparentar el proceso, defender los intereses de los vecinos de San Antonio Oeste y promover el desarrollo urbano y turístico de la ciudad.
