Ariel Castillo, Secretario General de SPIQyP en San Antonio Oeste, se refirió a la reunión mantenida en Buenos Aires respecto a la situación de Álcalis de la Patagonia (ALPAT), en la que se plantearon diversas inquietudes sobre el futuro de la empresa y la estabilidad laboral de sus trabajadores.
«Nosotros teníamos la expectativa de reunirnos con el accionista de la empresa, Fabián De Sousa, pero finalmente fuimos atendidos por un gerente corporativo de segunda línea del Grupo Indalo», comentó Castillo. En la reunión estuvieron presentes el intendente Adrián Casadei, la legisladora provincial Marcela Rossio y la senadora nacional Mónica Silva.
Uno de los puntos centrales de la discusión fue la proyección de la empresa para el 2025, incluyendo temas como el pago de sueldos, inversiones y retroactivos pendientes. «Tenemos pendientes premios, categorías y otros conceptos que están frenados», detalló el dirigente sindical. Además, se abordó la reincorporación de cuatro trabajadores despedidos, de los cuales, según Castillo, dos podrían regresar pronto a sus puestos de trabajo.
En la comunidad y dentro de la empresa han circulado rumores sobre posibles reducciones de personal, algo que Castillo negó categóricamente. «Eso se frenó. Estamos en conciliación obligatoria y seguimos reclamando la reincorporación de los despedidos», afirmó.
Uno de los puntos clave para la estabilidad de ALPAT es la garantía de consumo interno del carbonato producido en el país. Castillo mencionó la importancia de que el Ministerio de Trabajo y el Congreso Nacional impulsen medidas que favorezcan la industria nacional en lugar de la importación.
Consultado sobre la situación financiera de la empresa, Castillo señaló que ALPAT no proporcionó información detallada sobre sus balances. «Sabemos la cantidad de camiones que salen y el precio de la tonelada de carbonato, y creemos que hay margen para afrontar los sueldos», explicó.
A su vez, reconoció que la empresa mantiene deudas con proveedores, lo que genera incertidumbre. «Hemos llevado este problema a Buenos Aires y buscamos una intervención política para garantizar la continuidad laboral», aseguró el sindicalista.
Este martes, Castillo y otros referentes del sector asistieron a la sesión del Concejo Deliberante, donde se trató un proyecto de declaración sobre la situación de ALPAT. «Una vez aprobado por unanimidad, trabajaremos para que el tema llegue al Congreso Nacional», concluyó.