El intendente de San Antonio Oeste, Adrián Casadei, presentó una denuncia penal contra el empresario Miguel Irigoyen por presuntos delitos vinculados a la continuidad de actividades en un predio que habría estado clausurado, situación que, según la presentación, derivó en una explosión con riesgo para personas, bienes y el ambiente.
De acuerdo con la denuncia radicada ante el Ministerio Público Fiscal de Río Negro, Casadei acusó a Irigoyen por hechos que, de manera preliminar, podrían encuadrarse en los delitos de desobediencia a la autoridad, estrago y posibles infracciones ambientales o contra la salud pública.
Predio cuestionado y reclamos vecinales
Según consta en la presentación judicial, el establecimiento denunciado funciona en un galpón identificado con la nomenclatura catastral C-236-1, 2 y 3, donde se desarrollaría una actividad vinculada al acopio de chatarra y depósito de metales u otros materiales. El lugar se encuentra ubicado en un sector urbano con cercanía a viviendas, lo que generó reclamos de vecinos por presuntos impactos ambientales y sanitarios, tales como olores, presencia de residuos, plagas y riesgos para la seguridad.
La denuncia indica que ya en enero de 2024 se había presentado una nota ante la Secretaría de Medio Ambiente municipal exponiendo esas problemáticas. Posteriormente, inspecciones realizadas por el municipio derivaron en actas que registraron el estado del galpón y el acopio de materiales, incorporadas a expedientes administrativos.
Orden de paralización y presunto incumplimiento
De acuerdo al documento, el Juzgado de Faltas Municipal N° 2 habría intimado formalmente a Irigoyen en septiembre de 2024, tras constatar actividad no declarada o sin habilitación, disponiendo la paralización inmediata de las tareas bajo apercibimiento de incurrir en desobediencia a la autoridad.
No obstante, el intendente sostiene que el titular del predio habría continuado con la operatoria del lugar, incumpliendo la orden administrativa.
Explosión e intervención de emergencias
En ese contexto, la denuncia señala que se produjo una explosión en el establecimiento, acompañada por un incendio, con potencial riesgo para trabajadores, vecinos y viviendas aledañas, además de posibles consecuencias ambientales.
Según el parte del Cuerpo de Bomberos de San Antonio Oeste, el hecho fue advertido alrededor de las 13:29, cuando personal del cuartel escuchó una fuerte detonación que provenía de un predio ubicado sobre calle Irigoyen al 130 aproximadamente.
Ante la emergencia, se desplegó un operativo con dos móviles y nueve bomberos. Más tarde, también se hicieron presentes funcionarios municipales, entre ellos la coordinadora del Consejo de Gestión Ambiental, Rocío Fernández; el subsecretario de Comercio, Sebastián Seinger; y el secretario de Planificación, Obras y Servicios Públicos, Cristian Berbel.
Delitos investigados
En la denuncia, Casadei solicitó que se investigue la posible comisión del delito de desobediencia a la autoridad, contemplado en el artículo 239 del Código Penal, por el presunto incumplimiento de la orden de paralización.
Asimismo, pidió analizar la eventual figura de estrago, tanto en su modalidad dolosa como culposa, considerando que la explosión podría estar vinculada al funcionamiento irregular del establecimiento y al manejo de materiales potencialmente peligrosos.
También se requirió evaluar posibles delitos ambientales o contra la salud pública, en caso de comprobarse contaminación o exposición de la población a sustancias nocivas.
Medidas solicitadas
Entre las medidas de prueba requeridas, la presentación incluye pedidos para que bomberos, policía y el hospital local remitan informes sobre la intervención y eventuales daños o lesiones. Además, solicita una inspección judicial del predio, con secuestro de elementos, relevamiento fotográfico y levantamiento de rastros.
La denuncia también plantea la necesidad de realizar pericias técnicas para determinar el origen de la explosión, analizar la presencia de sustancias peligrosas y evaluar posibles impactos ambientales.
Pedido de investigación penal
Finalmente, el intendente requirió que se disponga la apertura de una investigación penal preparatoria, se identifique a los responsables del hecho y se adopten medidas urgentes para evitar la reiteración de situaciones de riesgo.
El caso quedó ahora bajo análisis del Ministerio Público Fiscal, que deberá determinar la responsabilidad penal y el alcance de los hechos denunciados.
