Un grave episodio de violencia se registró durante el día viernes en dependencias de la Secretaría de Niñez, Adolescencia y Familia (SENAF) en San Antonio Oeste, donde un hombre protagonizó amenazas y una agresión física contra personal del organismo, para luego darse a la fuga antes de la llegada de la policía. Horas más tarde, fue detenido en un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 3.
Según información oficial, el hecho ocurrió cuando el individuo, oriundo de San Antonio Oeste, se presentó en las oficinas de la SENAF visiblemente alterado. De acuerdo a lo informado, el hombre reclamaba por una medida de protección adoptada por el organismo que involucraba a tres menores.
En ese contexto, el sujeto habría amenazado a la coordinadora del área y posteriormente agredido físicamente al chofer de la institución, en medio de una situación de extrema tensión. Tras el violento episodio, el agresor abandonó el lugar antes de que pudiera intervenir el personal policial.
A raíz de lo sucedido, el fiscal Arbués dispuso de manera inmediata un operativo para dar con el responsable, solicitando su localización y captura. En paralelo, se emitió una alerta a las distintas unidades policiales de la región.
Horas después, el hombre fue interceptado en un control vehicular sobre la Ruta Nacional N° 3, cuando se dirigía hacia el Centro de Atención Integral a la Niñez y Adolescencia (CAINA) de Sierra Grande. Fuentes del caso confirmaron que “lo detuvimos en un control vehicular y quedó aprehendido”, quedando a disposición de la Justicia.
Asimismo, se indicó que el sujeto ya contaba con medidas previas en su contra, lo que agrava su situación judicial tras los nuevos hechos registrados. La causa quedó bajo la órbita de la Fiscalía a cargo de la doctora Paula de Luque, de la ciudad de Viedma, quien deberá avanzar en la formulación de cargos en las próximas horas.
El episodio generó preocupación en el ámbito institucional, no solo por la violencia ejercida contra trabajadores de la SENAF, sino también por el trasfondo vinculado a la intervención estatal en situaciones de vulnerabilidad que involucran a menores de edad.
