Mientras avanza el proceso judicial contra un docente acusado de abuso sexual, se programaron nuevas audiencias clave en Viedma y San Antonio Oeste. En paralelo, desde la oposición se plantearon dudas sobre la contratación de servicios legales externos y el uso de recursos municipales.
El pasado 25 de marzo, el abogado defensor Emiliano Gallego presentó la respuesta a los escritos de la fiscalía y de la querella en el marco de la causa que investiga presuntos hechos de abuso sexual contra menores. Cumplido ese paso procesal, la Oficina Judicial fijó para el próximo 8 de abril la audiencia de control de acusación, instancia en la que se evaluará la elevación a juicio. Según trascendió, podrían desarrollarse dos audiencias en función del volumen de pruebas incorporadas.
En tanto, el 7 de abril, el Tribunal de Impugnación analizará en San Antonio Oeste una queja vinculada a la negativa de conceder la prisión domiciliaria al imputado, Osvaldo Andrés Leal. El docente, acusado en la causa, permanece detenido en el Establecimiento Penal N.º 1 de Viedma.
En el plano político, el concejal Matías Rodríguez, del bloque Cambia Río Negro, se refirió a la contratación de un estudio jurídico de la Ciudad de Buenos Aires por parte del Poder Ejecutivo municipal para intervenir en una causa relacionada con un docente local. Según indicó, en el Boletín Oficial figuran erogaciones mensuales cercanas a los seis millones de pesos, lo que proyecta un gasto acumulado superior a los sesenta millones.
Rodríguez explicó que el Concejo Deliberante había otorgado facultades al intendente para actuar con rapidez ante la urgencia del caso, aunque aclaró que la contratación y el control del servicio corresponden exclusivamente al Ejecutivo. En ese sentido, remarcó que el cuerpo legislativo no intervino en la selección de los profesionales ni en el seguimiento de las actuaciones.
El edil también señaló que se solicitaron informes para acceder a la documentación respaldatoria y advirtió sobre posibles incumplimientos en etapas previas del servicio contratado. Asimismo, planteó la conveniencia de evaluar alternativas locales o regionales para la prestación de asistencia legal, con el objetivo de optimizar recursos.
Finalmente, destacó la necesidad de garantizar transparencia en el uso de fondos públicos, considerando además los gastos adicionales en traslados, alojamiento y viáticos, y subrayó la importancia de sostener el acompañamiento a las familias involucradas con procedimientos claros y debidamente controlados.
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