En un contexto de profunda crisis en el sector pesquero, legisladores de Río Negro presentaron un proyecto de ley que propone una reforma estructural de la legislación vigente con el objetivo de garantizar la sostenibilidad del recurso, proteger el empleo local y brindar mayor transparencia a la gestión pública de la pesca marítima en la provincia.
La iniciativa, impulsada por la legisladora Ayelén Spósito y acompañada por sus pares José Luis Berros, Magdalena Odarda, Luciano Delgado Sempé y Fabián Pilquinao, busca modificar la Ley Q Nº 1960, que regula la actividad pesquera en el territorio rionegrino. Entre sus principales fundamentos, los autores del proyecto advierten sobre la situación “sumamente compleja y delicada” que atraviesa el sector, debido a factores como la sobrepesca sostenida, la falta de cumplimiento de medidas de conservación, y la ausencia de políticas claras que garanticen la sostenibilidad del recurso.
En ese marco, recordaron que el Poder Ejecutivo Provincial ha vuelto a decretar la Emergencia Pesquera por un plazo de seis meses, lo que evidencia la gravedad del panorama. “Es necesario avanzar hacia soluciones de largo plazo. Hay que resguardar las fuentes de trabajo y atender la crítica situación económica y social que atraviesan las comunidades marítimas”, expresaron en los fundamentos.
Uno de los principales ejes de la propuesta es la incorporación de mecanismos normativos y técnicos al régimen pesquero actual. En primer lugar, se plantea la creación del artículo 7° bis para ordenar y clasificar las embarcaciones que operan en la reserva del Golfo San Matías, diferenciando entre buques congeladores, fresqueros, artesanales y de investigación científica. Este ordenamiento busca facilitar el control y la fiscalización de la actividad.
Asimismo, el proyecto incorpora el artículo 10° bis, que establece la obligación de elaborar y mantener actualizados “Planes de Manejo por especie” en aguas de la Reserva Pesquera provincial. Estos planes deberán incluir diagnósticos biológicos y ambientales, estimaciones de biomasa, medidas de conservación, vedas, tallas mínimas y monitoreo permanente. Además, contempla la participación de universidades, organismos científicos, sindicatos y cámaras del sector en su diseño y actualización.
Otro punto central de la reforma se encuentra en la modificación del artículo 18 de la ley actual, que incorpora dos nuevos requisitos para la obtención o renovación de permisos de pesca. Por un lado, se exige que las empresas incluyan un cupo mínimo del 80% de trabajadores con más de tres años de residencia comprobada en Río Negro. “Esto apunta a fortalecer el empleo local y el arraigo poblacional, garantizando que los beneficios de la actividad queden en la provincia”, sostuvieron los legisladores.
Por otro lado, se introduce la obligación de contratar una póliza de seguro de caución que garantice el cumplimiento de las obligaciones contractuales, legales y financieras por parte de las empresas pesqueras. Esta medida busca otorgar mayor seguridad jurídica y proteger tanto al Estado como a los trabajadores y actores vinculados al sector.
En línea con una mayor transparencia en la gestión pública, se incorpora además el artículo 18° bis, que obliga a la Autoridad de Aplicación a publicar en medios digitales de acceso libre y gratuito la información relativa a los permisos de pesca otorgados. Los datos deberán incluir identificación del titular, especies autorizadas, zonas de operación, fechas de vigencia y cupos de captura, con actualizaciones trimestrales.
“La pesca es una actividad estratégica para la economía de Río Negro. No podemos seguir con medidas de emergencia sin una proyección real. Es hora de perfeccionar el marco legal para asegurar la sustentabilidad del recurso y el desarrollo de nuestras comunidades”, concluyó Spósito.
La propuesta, que deberá ser tratada en comisiones, llega en un momento crítico para el sector, marcado por el cierre de plantas procesadoras en San Antonio Oeste y la pérdida de cientos de empleos. La iniciativa apunta a reconstruir las bases de una pesca sustentable, con equidad territorial y responsabilidad ambiental.
