Dos hombres imputados por el delito de abigeato en San Antonio Oeste quedarán detenidos en prisión preventiva durante un mes, mientras se culminan las medidas de prueba que requiere la investigación.
Así resolvió hoy la jueza de garantías Itziar Soly, tras el pedido en el mismo sentido del Fiscal Juan Pedro Peralta y la fiscal adjunta Mariela Coy. La Defensora Oficial Graciela Carriqueo se había opuesto a la medida privativa de la libertad, ofreciendo otras alternativas menos gravosas.
Según la investigación, los detenidos habrían ingresado a un campo vecino rompiendo los alambrados. Allí dispararon a los animales (dos vaquillonas, dos novillos y un ternero raza Hereford), los faenaron y se los llevaron.
La carne secuestrada fue peritada por profesionales veterinarios de la Policía, quienes indicaron que esa cantidad se correspondía a cinco animales.
La detención inicial, dispuesta por la Fiscalía, se produjo luego la realización de un allanamiento en la zona rural de San Antonio Oeste. La pesquisa dio resultados positivos ya que se secuestró en el lugar la carne y el cuero de los cinco animales, además de herramientas para faena y tres armas de fuego.
Previamente, los propietarios de un campo aledaño habían hecho la denuncia, lo que motivó la intervención de la Brigada Rural.
Entre los argumentos para solicitar las medidas preventivas y dar cuenta del porqué del pedido de un mes para investigar, el Fiscal detalló en la audiencia la mecánica y resultados del allanamiento en el campo propiedad de uno de los imputados, una requisa en el vehículo de uno de los imputados en la cual encontraron 39 balas que se van a peritar, la necesidad de revisar las cabezas de ganado, extraer los proyectiles y cotejarlos con las armas secuestradas.
Además, explicó que el informe de la Brigada Rural da cuenta de dos tipologías distintas de huellas de vehículo, cuestión que se verificó en la requisa realizada que hoy se realizó a la camioneta.
En cuanto a la prisión preventiva de un mes mientras dure la investigación, explicó que los imputados intentaron darse a la fuga y uno de ellos dio un domicilio en el cual no vivía, sino que moraba su padre.
Además, uno de los imputados no tiene trabajo conocido ni arraigo en San Antonio, residiendo en dos lugares distintos en los últimos meses. Por otra parte, resaltó que de recaer condena, el mínimo legal será de 4 años según lo tipificado.
Por su parte la Defensa consideró excesivo el tiempo necesario para la investigación, atento al avance en la etapa probatoria, y consideró que 15 días serían suficientes. También, respecto al pedido de prisión preventiva, argumentó que no existe peligro de fuga ni estaban configurados los requisitos para la medida más gravosa. Ofreció otras medidas restrictivas, como la presentación periódica en la Comisaría y la obligación de estar en el domicilio en un horario determinado. Explicó, en este sentido, que no tienen antecedentes.
La jueza Itziar Soly solicitó a la Fiscalía que enumere la prueba que resta producir y, tras escuchar a las partes, dispuso un mes para completar la investigación y la prisión preventiva por el mismo lapso. La defensora hizo reserva de la impugnación de la prisión preventiva. (prensa STJ RN)
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