En SAE, el trabajo escasea y una de las plantas pesqueras dejó de funcionar hace un tiempo, la habían inaugurado con bombos y platillos entre Nación y Provincia. Justamente esa familia que trabajaba en la misma, quedó sin el sustento diario, como es lógico empezaron a realizar changas. Con lo que obtenían no alcanzaba a pagar los servicios y menos los alquileres y debieron abandonar el lugar donde alquilaban y levantaron una precaria vivienda (foto arriba) los ayudan la solidaridad de la familia y los vecinos.
En la jornada del martes los intimaron judicialmente abandonar el terreno que ocupan, que es de una persona que reside en Bariloche. Pero esa propietaria no hizo la denuncia de desalojo, la hizo la Municipalidad de San Antonio Oeste (extraño que el municipio se haga cargo de un particular). Así está asentado en la fiscalía descentralizada, en este caso la fiscal dio la orden a la policía que custodie ese lugar y no dejen ingresar a nadie y si alguno de la familia se retira, no la dejarán entrar.
Según dijeron los vecinos, la delegada Liliana del Río les comunicó que iban a tirar con máquinas ese lugar, algo que desde la municipalidad negaron y también negaron que hicieron la denuncia, pero la acusación fue realizada y fue confirmada por la Policía de Río Negro. Desde el municipio nadie se hace cargo de la imputación.
En vilo, los vecinos se reunieron para resistir el desalojo si así fuera y lo harán si llegan con las máquinas, según mencionaron. Además la mayoría de esos terrenos entregados en venta, ninguno de los propietarios viven en el Puerto de SAE, tampoco construyeron como dice la norma y no fueron sancionados.
En el día de ayer, el Director de Tierras Fiscales de la Municipalidad de San Antonio Oeste, Cristian Otero junto a la Delegada del Puerto del Este, Liliana Del Río, mantuvieron una reunión con integrantes de la Junta Vecinal de esa localidad, el presidente de la misma Jorge Moyano y la señora Andrea Santillán (foto abajo).
En la oportunidad los vecinalistas manifestaron sus inquietudes respecto a los expedientes RUSTIFIV y futuras preadjudicaciones “aquí hay gente que tiene más de 15 años viviendo y tienen hijos nacidos en El Puerto, pero no pueden tener acceso a la tierra, hay algunos que llegaron a los tres o cuatro años de edad con sus padres, pero les venden a gente de Bahía o Bariloche o de Las Grutas, pero a la gente de aquí no pueden acceder, hasta hay políticos que están construyendo” señaló.
“Esta gente que ocupó el terreno está muy preocupada, pero no son todos los habitantes, son algunos a quienes deben darle una oportunidad donde establecerse, hay otros que quieren hacer microemprendimientos y no lo dejan, porque no le permiten, parece que la única forma que entienden es ir y cortar ruta para que nos escuchen o hacer toda esta movida” aseveró Moyano.
Los miembros de la Junta Vecinal realizaron propuestas para un mejor trabajo en conjunto con la municipalidad. Además, Otero dialogó con los vecinos que realizaron consultas sobre sus preadjudicaciones y expedientes de tierras y realizó un relevamiento de terrenos baldíos y en estado de abandono, los cuales serán revisados para su intimación si fuese necesario.
No se mide con la misma vara
Las usurpaciones son injustificables y son un delito, en eso es clara la ley. La Municipalidad denuncia ocupación ilegal de un terreno de un privado, pero a su vez solicita que se tenga en cuenta la situación de la secretaria de producción y medio ambiente Laura Viz que no canceló su terreno en SAO, en tiempo y forma (expediente 635/12 DAFT SP) y ahora solicita, varios años después poder efectivizarlo en cuotas, lo extraño es quien pide no es la misma funcionaria, sino que lo hace por nota al Concejo Deliberante, con fecha 28 de agosto, el secretario de planificación Alfredo Andreoli menciona «considero que se debe dar lugar a la propuesta de pago del saldo deudor en concepto de tierra presentada por el administrado y que obra en foja 39», el plan corresponde a 24 cuotas iguales para cubrir la deuda de la preadjudicación del terreno C-643B-12.
Este expediente será tratado en la comisión de tierras, como lo determinó la última sesión del Concejo Deliberante.
Mientras que a los pobres se les denuncia, a los funcionarios se le da exenciones a pesar de que por el tiempo transcurrido el terreno habría caducado. Aparentemente no se mide con la misma vara.
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