La medida busca garantizar el bienestar animal, fortalecer la convivencia comunitaria y sumar servicios para el turismo responsable en la región costera.
El Concejo Deliberante de San Antonio Oeste aprobó una nueva ordenanza que regula la habilitación y funcionamiento de las guarderías caninas privadas dentro del ejido municipal. La norma, sancionada en la última sesión ordinaria, fue impulsada por el bloque Primero Río Negro (RN1) y obtuvo aprobación por mayoría.
La iniciativa se fundamenta en la necesidad de unificar criterios normativos sobre el cuidado de animales en espacios públicos, en especial en las zonas de playa donde rigen restricciones para la presencia de mascotas. La ordenanza crea formalmente el rubro comercial “Guardería Canina Privada”, que se incorpora al Código de Comercio Municipal (Ordenanza Nº 5487), y establece un marco regulatorio integral para su funcionamiento.
El texto aprobado cita la Ley Nacional Nº 14.346 de Protección Animal, la Ley Provincial Nº 3362 —que adhiere a la Declaración Universal de los Derechos del Animal—, y diversas ordenanzas locales que regulan el acceso de mascotas a las playas. En ese marco, se considera que las guarderías caninas privadas ofrecen una alternativa segura para los vecinos y turistas que deseen disfrutar de los balnearios donde los animales no pueden ingresar.
“Esta medida complementa la oferta turística local y contribuye al bienestar animal y la seguridad pública”, sostiene uno de los considerandos del proyecto. Desde el Concejo se destacó que la creación de estas guarderías se enmarca en una política de turismo responsable, orientada a ampliar los servicios disponibles para los visitantes sin comprometer la preservación ambiental ni sanitaria de las playas.
La ordenanza establece que la Secretaría de Hacienda determinará el monto y la codificación de la Tasa por Inspección en Seguridad e Higiene, necesaria para la habilitación comercial del rubro.
La Jefatura de Zoonosis será la autoridad municipal de aplicación y control, con facultades para realizar inspecciones en cualquier momento, solicitar documentación y verificar las condiciones de funcionamiento. Además, deberá llevar un registro oficial de guarderías caninas habilitadas, el cual será difundido en temporada alta por las áreas de Turismo y Zoonosis.
Entre las condiciones mínimas exigidas para obtener la habilitación se incluyen:
- Infraestructura adecuada: caniles individuales o grupales con ventilación, áreas de recreación al aire libre, cerramientos perimetrales, sectores de sombra, iluminación y protección climática.
- Higiene y sanidad: retiro de excretas dos veces al día, limpieza diaria de bebederos y comederos, desinfección semanal y control de plagas certificado.
- Bienestar animal: acceso permanente a agua potable, alimentación provista por los tutores, ejercicio y socialización supervisada, y atención veterinaria inmediata.
- Seguridad: cerramientos que impidan fugas, protocolos para prevenir peleas y registro de ingresos y egresos de cada animal.
Asimismo, cada establecimiento deberá llevar un registro obligatorio con los datos del tutor, identificación del perro, estado sanitario y calendario de vacunación, además de las fechas de ingreso y egreso.
El régimen sancionatorio prevé desde apercibimientos formales hasta clausura definitiva en casos de reincidencia o maltrato comprobado, pasando por multas que van de cinco (5) a veinte (20) USAM y suspensiones temporales de la habilitación.
La normativa también promueve la coordinación entre las guarderías privadas, los alojamientos “pet friendly” y los prestadores turísticos, con el objetivo de ofrecer servicios integrales a quienes visitan el destino costero con sus mascotas.
Finalmente, cada establecimiento deberá contar con un plan de emergencias, que incluya botiquín de primeros auxilios, contacto de veterinario de guardia, procedimiento de evacuación y datos actualizados de los tutores.
La ordenanza fue aprobada por mayoría, con los votos positivos de los concejales Daniel López, Rocío Cacique, Fabrio Mirano y Rossana Tomasini (JSRN), Alejandro Araño y Jovita González (CC), Matías Rodríguez (JxC) y Karina Avaca (autora de la normativa). El único voto negativo fue del concejal Guillermo Masch (NURN).
