Con 31 votos afirmativos y 11 negativos, la Cámara dio un paso clave para ampliar el desarrollo logístico y productivo en la región atlántica. El concejal Fabrio Mirano destacó la importancia estratégica del proyecto y su potencial impacto en nuevas industrias tecnológicas.
La Legislatura de Río Negro aprobó por mayoría, en única vuelta parlamentaria, el proyecto de ley que autoriza la expropiación de dos parcelas ubicadas en Punta Colorada, en el ejido de Sierra Grande, con destino a la ampliación del área destinada al Régimen de Zona Franca. La iniciativa obtuvo 31 votos a favor y 11 en contra, marcando una clara división entre el oficialismo y sectores de la oposición, que manifestaron acompañamientos críticos o rechazos.
La finalidad central de la ley es incorporar estas hectáreas a la superficie ya prevista para el desarrollo de la Zona Franca, un paso que el Ejecutivo provincial consideró “imprescindible y urgente” para avanzar en un objetivo estratégico vinculado al crecimiento productivo, logístico y tecnológico de la región. El proyecto, que ya había sido respaldado en comisiones, ahora deberá atravesar una segunda instancia parlamentaria para quedar firme.
En este contexto, el concejal de Juntos Somos Río Negro en San Antonio Oeste, Fabrio Mirano, analizó la decisión legislativa y repasó el proceso que viene acompañando desde hace varios años. “Vamos a arrancar un poquito hacia atrás. En el año 2016 o 2017, si mal no recuerdo, en ese momento me reuní con el entonces secretario general de la Gobernación. Sin saber todo lo que venía detrás, avanzamos en un proyecto de comunicación porque entendíamos que la Zona Franca era una herramienta de enorme valor”, señaló.
Mirano explicó que esa visión inicial hoy se consolida con la expropiación de las tierras en Punta Colorada, lo que permitiría ampliar el área operativa. “La Zona Franca es una herramienta que nos puede posicionar. Por ley nacional sólo puede haber una zona franca por provincia, pero se puede ampliar con una subzona. En este caso, con la incorporación de estas siete hectáreas —que se suman a las 300 ya proyectadas— se abre la puerta a un esquema más interesante para nuestro territorio”, indicó.
Según el concejal, si se logra avanzar tanto con la Zona Franca en Punta Colorada como con una eventual subzona franca vinculada al proyecto de GNL en San Antonio Oeste, la región quedaría en condiciones de dar un salto logístico y operativo. “Habría reducciones en costos de servicios, como ocurre en otras provincias donde, por ejemplo, el costo del agua baja hasta un 50% para las empresas radicadas en zonas francas. Además, no se pagan derechos de importación ni aranceles sobre bienes y servicios destinados al almacenaje o procesos industriales”, detalló.
Mirano también subrayó el impacto potencial en sectores vinculados a la economía del conocimiento. “La ley 13.350 permite impulsar actividades tecnológicas en zonas exentas de derechos aduaneros. Podríamos avanzar en nuevas industrias vinculadas al desarrollo digital, incluso en materia de criptoactivos y minería de datos, aprovechando la infraestructura energética que generará el LNG en la región. Hay países como China que se consolidan en esta línea, y nosotros tenemos condiciones estratégicas para hacerlo”, agregó.
El concejal recordó además que San Antonio Oeste fue el primer municipio del país en adherirse al Régimen de Incentivo para Grandes Inversiones (RIGI), lo que —según explicó— otorga seguridad jurídica y previsibilidad a largo plazo. “Las empresas que se radiquen en una futura subzona franca tendrían garantías por 25 años. Eso es clave para atraer inversiones, especialmente multinacionales. No es un dato menor”, afirmó.
En la Legislatura, el ministro Milton Dundrauf defendió la iniciativa explicando que la provincia carece de tierras públicas disponibles en Punta Colorada, lo que obliga a avanzar con la expropiación. También destacó el potencial exportador de la región, en referencia al puerto del este y al rol que podría asumir como nodo logístico para diversas materias primas de Río Negro.
Mirano respaldó esa mirada y aportó ejemplos de otras jurisdicciones que ya consolidaron modelos similares. “No es algo descabellado. El caso de Chubut es uno de los más importantes, donde se creó una de las subzonas francas más grandes del país. También está Bahía Blanca, en la provincia de Buenos Aires. Hay antecedentes reales y se puede avanzar”, sostuvo.
El proyecto establece un costo estimado de 103 millones de pesos para la expropiación de las hectáreas requeridas. Una vez sancionada la ley en segunda vuelta, la provincia prevé avanzar en 2026 con el proceso de licitación para la explotación del régimen de Zona Franca en Punta Colorada.
Mirano consideró que la decisión marcará un punto de inflexión en el futuro productivo del litoral rionegrino. “Si me preguntaras qué es lo más importante para los próximos 20 años, te diría sin dudas que insistir en la creación de una subzona franca. Nos permitirá desarrollar industrias que acompañen la generación energética vinculada al LNG y abrirá puertas a actividades que hoy parecen lejanas, pero que nuestros hijos seguramente verán realidad”, afirmó.
