El bloque del Frente de Todos propuso establecer el 35 por ciento como tope máximo anual de incremento al Impuesto Inmobiliario, considerando los mismos metros cuadrados e iguales condiciones edilicias. Mediante un proyecto de ley, impulsa que en los casos que el citado impuesto ya haya sido liquidado deberá readecuarse en función de ese límite.
La bancada consideró “desmedidos” los incrementos en los impuestos inmobiliario y automotor que la provincia instrumentó a partir de la sanción de la leyes provinciales Nº 5488 y N° 5493, los cuales registran subas para los contribuyentes de entre un 50 al 100 por ciento respecto del valor que los contribuyentes pagaban en el año 2020, aún en casos en los que no hubo ampliaciones, mejoras ni modificaciones de los bienes.
Los parlamentarios reconocieron que “la realidad económica financiera de los estados en todos sus niveles se ve afectada por la pandemia del COVID-19, lo que puso en jaque todos sus ingresos, como también de la población en general, a raíz de la caída de la actividad económica”.
Este impacto se sintió también en la provincia de Río Negro donde se registró un incremento sostenido del gasto público y de los servicios de deuda pública. “Como hemos señalado en cada una de las oportunidades que se ha tratado el presupuesto de la provincia, esta situación evidencia una mala administración de los recursos. No sólo los tributarios provinciales sino también los recursos de origen nacional que se han destinado al pago de gastos superfluos como publicidad, creación de nuevos organismos, entre otros, en desmedro de reclamos realmente importantes como lo son los de los empleados de la salud”, expresaron.
“Desde el Bloque Frente de Todos no sólo advertimos y denunciamos esta situación sino que rechazamos el paquete fiscal en oportunidad de tratarse en el mes de diciembre pasado. El oficialismo aplico su mayoría, no respetando ninguna posibilidad de diálogo y ahora estamos todos los rionegrinos inmersos en un tarifazo, que no soluciona los problemas de la provincia. Siempre hemos sostenido que la población no es la que debe pagar las consecuencias de una mala administración”, afirmaron los legisladores de esa bancada.
Describieron que “en el primer mes del año 2021, los rionegrinos han sufrido lo que coloquialmente puede llamarse un impuestazo, que ha sido denunciado por los mismos contribuyentes a través de las redes sociales, campañas de telefonía móvil y la intervención de la Defensora del Pueblo. El gobierno, en un intento de morigerar el impacto negativo que ocasionó este acto ha salido a establecer una bonificación para el impuesto automotor. Pero en el caso del impuesto inmobiliario aún no se ha generado ninguna medida concreta, más allá de un anuncio por parte de la Agencia de Recaudación Tributaria”.
Por ello manifestaron que “es imperante que se establezca un tope a esta situación, una reparación al daño que el oficialismo hace a los rionegrinos. El default que vive la provincia de Río Negro no se soluciona castigando a los ciudadanos con impuestos que se han incrementado exorbitantemente”.
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