Ex intendentes y empresarios de la construcción podrían ser imputados si avanza la presentación judicial esta semana en los distintos tribunales de la provincia.
La nómina incluye al hoy diputado nacional Pedro Dantas, y los legisladores del FdT, María Eugenia Martini, Alejandra Mas y Daniel Belloso por sus gestiones en Campo Grande, Bariloche, Conesa y Choele Choel, respectivamente. Figuran, además, dos actuales jefes comunales, como Renzo Tamburrini y Luis Ivancich, de Sierra Grande y Godoy.
Los otros cuatro ex intendentes alcanzados son Javier Iud, de San Antonio; Gilberto Montanaro, de Cervantes, Carlos Pilotti, de Río Colorado y Juan Reggiani de Fernández Oro.
El núcleo de la megacausa de Techo Digno está en el destino de los fondos enviados por Nación a los municipios para viviendas, a partir de la comprobación de pagos mayores a las empresas o de un uso distinto de esas transferencias, porque según establecerían los fiscales, el nivel de construcción de los barrios era inferior a los desembolsos realizados según publicó el diario Río Negro.
Antes del fin de semana, los señalados por el Ministerio Público, que constituyó una comisión de análisis general de la operatoria de Techo Digno, con los fiscales a cargo y bajo la supervisión de Graciela Echegaray, emitieron un comunicado manifestando “esta semana inicia con un nuevo capítulo del lawfare que el macrismo implementó en la Argentina y que continúa en la provincia, merced a las groseras irregularidades que algunos fiscales han cometido con la intención de lastimar el buen nombre y honor de dirigentes políticos y ex intendentes del Frente de Todos”.
Señalan que “desprovistos de objetividad, con una parcialidad manifiesta, sin ética ni pudor alguno, los representantes del Ministerio Público José Chirinos, Julieta Villa, Matías Stiep y Guillermo Lista, junto a la coordinadora de casos, Graciela Echegaray, hicieron trascender a los medios de Prensa que formularán cargos en la causa conocida como Techo Digno, a quienes ejerciendo de pleno sus funciones, comprometidos con la realidad social y, con total respeto a las leyes vigentes, llevaron adelante en sus municipios este programa solidario de viviendas”.
“Los abogados defensores de quienes son hoy objeto de este dislate judicial, presentaron una fundada recusación a los fiscales, aduciendo la falta de autonomía y pérdida de objetividad manifiesta de parte del Ministerio Público, en el curso de esta investigación”.
“Con su accionar sesgado y direccionado, declinando la reserva y el decoro que demandan los procesos judiciales, los fiscales se pronunciaron ante el periodismo de manera anticipada y explícita adelantando sus dictámenes, prejuzgando públicamente y apartándose de todos los estándares de legalidad y objetividad que deben regir sus actuaciones”.
“Bajo las instrucciones del Fiscal General, la fiscal “coordinadora”, Graciela Echegaray, se arrogó su intervención en la instrucción de todos los procesos y legajos subrogándose la opinión o juicio de valor de los fiscales “coordinados”. Grave desprolijidad que nos lleva a considerar que los fiscales de grado no están trabajando con la autonomía que la Ley exige”.
“Podemos asegurar que responden a instrucciones de sus superiores, más que a sus propias decisiones en función del conocimiento de la prueba colectada”.
«Sabemos que se realizaron entrevistas con el perito contable que analiza los expedientes y los fiscales de las distintas circunscripciones para unificar criterios, cuestión que no obra en los legajos ni ha sido informada a las defensas, lo cual implica ocultar evidencia que podría ser sustancial para avanzar en la formulación de cargos».
«Como si todo esto fuese poco y no bastase para advertir el grave rol que cumplen los funcionarios judiciales en este caso, tuvimos noticia a través de los medios de Prensa acerca del avance de las investigaciones y del pedido de formulación de cargos».
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