En medio de una creciente preocupación en el sector frutícola del Valle, se ha anunciado la posibilidad de implementar retenciones transitorias que podrían afectar significativamente las exportaciones de frutas, especialmente de manzanas y peras.
Esta medida, de llevarse a cabo, marcaría un nuevo episodio en una serie de limitaciones a las exportaciones que ha venido afectando al sector en los últimos años incluso a la terminal portuaria en SAE.
La incertidumbre se ha apoderado de los productores frutícolas debido al potencial impacto de estas retenciones, que se suman a una fuerte aceleración de costos. En un contexto de estacionalidad que deja a la actividad vulnerable financieramente, los pequeños y medianos productores podrían sufrir una disminución del 50% en el precio de sus frutas destinadas a la exportación.
La Cámara de Productores Agrícolas de General Fernández Oro ha expresado su preocupación, señalando que estas retenciones del 15% afectarían directamente a los exportadores frutícolas, quienes tradicionalmente descuentan este porcentaje del precio de la fruta, afectando así los ingresos de los productores.
La Mesa de Enlace, en representación del sector agropecuario, ha rechazado enérgicamente el aumento propuesto en las retenciones. El gobierno de Javier Milei ha comunicado a las entidades de la Mesa de Enlace y al sector frigorífico exportador que la intención oficial es imponer un 15% de derechos de exportación a todas las exportaciones industriales y del sector agropecuario, exceptuando la soja, que continuará tributando un 33%.
Ante este escenario, se ha acordado abrir una «mesa técnica» para evaluar el impacto específico de estas medidas, considerando la situación de las economías regionales y analizando cadena por cadena, producto por producto. Carlos Achetoni, de Federación Agraria Argentina, ha subrayado la «incertidumbre» en el sector agroindustrial y la necesidad de analizar detalladamente cada producción para determinar su capacidad de resistir estas presiones.
En este contexto, los productores agrícolas solicitan una revisión exhaustiva de las medidas propuestas, buscando salvaguardar la estabilidad económica del sector y evitar distorsiones que puedan perjudicar a la fruticultura y a las economías regionales en general.