Durante los veranos del 2022 y 2023, un preocupante número de robos perpetrados en Las Grutas han quedado sin resolver, dejando a una gran cantidad de afectados sin justicia ni la recuperación de sus pertenencias.
La falta de resolución de estos episodios se atribuye principalmente al tiempo transcurrido desde su comisión, así como a la escasez de pruebas y a la ausencia de testigos presenciales o cámaras de seguridad que puedan proporcionar evidencia crucial.
Las autoridades encargadas de la investigación también han enfrentado dificultades para reunir pruebas suficientes que permitan imputar a los posibles culpables. En muchos casos, la falta de indicios claros ha llevado a la conclusión de que no hay suficiente base para proceder legalmente contra alguien, o simplemente se ha optado por no continuar con las indagatorias.
La mayoría de los expedientes relacionados con estos casos son archivados temporalmente, a la espera de nuevas pruebas o desarrollos que permitan reabrir las investigaciones como se aprecia frecuentemente en el Boletín Oficial. Esta medida se debe a la carencia de evidencia inicial que respalde una acción legal contra los sospechosos.
Sin embargo, incluso cuando los casos llegan ante un juez y se judicializan, no se garantiza que los responsables sean procesados o que se repare el daño causado. Bajo las reglas del sistema penal acusatorio, las fiscalías deben llevar a cabo una fase de investigación complementaria para recopilar pruebas suficientes que permitan formular una acusación formal y llevar el caso a juicio.
