Abogada querellante por estafa de terrenos del loteo «Villa Verde» denunció «amenazas y presiones»

10 octubre, 2025

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El caso está relacionado con el embargo judicial vinculada a la venta de terreno en Las Grutas y que pesa sobre la actual diputada nacional.

La abogada Verónica Arizcuren del foro de la Primera Circunscripción Judicial con asiento en Viedma, y representante legal de un grupo de vecinos damnificados por la venta irregular de terrenos en Las Grutas, denunció haber recibido presiones y amenazas directas destinadas a que desista del embargo trabado sobre las cuentas bancarias de la diputada nacional «mileista»Lorena Villaverde, en el marco del juicio que sus clientes iniciaron contra la misma hace más de un año.

Según relató la profesional, los hechos comenzaron con una llamada telefónica de un hombre que se identificó como Santiago Mansilla, presunto abogado de Villaverde. Durante la comunicación, le exigieron que “desista del embargo” y la acusaron de intentar “manchar la candidatura” de la legisladora, en un tono que Arizcuren calificó como intimidatorio y fuera de todo marco ético.

“No podía creer lo que estaba escuchando. Me acusaron de algo que no tiene nada que ver con mi trabajo profesional ni con la defensa legítima de mis clientes”, afirmó la abogada aclarando que su actuación es estrictamente profesional y ajena a cualquier interés político o partidario según consignó Noticias de la Costa.

“No participo de la política ni persigo fines electorales, como tampoco mis asistidos. Mi único compromiso es con las personas que confiaron en mí y con la verdad de los hechos. Mi labor consiste en defender a quienes se sintieron perjudicados y garantizar que sus derechos sean respetados, nada más”, sostuvo.

Asimismo, agregó que, en el marco del expediente judicial en trámite, el abogado representante de la diputada le requirió el levantamiento del embargo vigente, bajo la intimidación de iniciar una acción civil contra ella y sus clientes por los presuntos daños y perjuicios ocasionados a la candidatura política de su defendida.

Arizcuren confirmó que presentará formalmente las amenazas recibidas ante la justicia y aseguró que continuará con la causa, sin ceder ante la intimidación. “No voy a retroceder ni un solo paso. Mi compromiso es con mis clientes y con la verdad de los hechos. Nada, ni amenazas ni acusaciones infundadas, me desviará de este camino”, afirmó.

Con esta denuncia, la abogada busca visibilizar la gravedad de los intentos de presionar a profesionales del derecho que ejercen su labor con total autonomía del marco político existente y remarcar la necesidad de que los procesos judiciales se desarrollen de manera independiente y transparente, sin condicionamientos de ningún tipo.

El caso

El conflicto judicial se origina en la venta de terrenos en Las Grutas que, pese a haber sido abonados por los compradores, nunca pudieron ser escriturados. Los damnificados aseguran que cumplieron con todas sus obligaciones contractuales, pero que las operaciones resultaron irregulares o incumplidas, provocando graves perjuicios económicos y personales.

Entre los antecedentes que podrían vincular indirectamente a Villaverde con esta situación, se mencionan operaciones anteriores de terrenos gestionadas bajo su representación política o cercanas a su círculo de colaboradores, que han sido objeto de consultas administrativas y denuncias por compradores que reclamaron regularización. Aunque no existen condenas ni decisiones firmes que la responsabilicen directamente, la coincidencia de los hechos y las denuncias planteadas motivaron que sus clientes busquen reparación judicial.

El Juzgado Civil, Comercial, de Minería y Familia N°9 de San Antonio Oeste ordenó el embargo de sus cuentas bancarias y bienes, hasta cubrir una suma provisoria de alrededor de 50 millones de pesos, en el marco de una demanda por daños y perjuicios. La causa fue iniciada por tres particulares, quienes la acusan por presuntas ventas irregulares de terrenos en la zona de Las Grutas.

Según la carátula del expediente, los denunciantes encuadraron su reclamo bajo la Ley 24.240 de Defensa del Consumidor, lo que refuerza la hipótesis de que habrían sido afectados como compradores de buena fe. La resolución judicial instruyó al Banco Patagonia a retener fondos y valores que estén o pudieran estar a nombre de Villaverde, tanto en moneda nacional como extranjera.

La medida alcanza cuentas bancarias, plazos fijos, tarjetas de crédito, bonos, pagarés, títulos de crédito y cualquier otro tipo de activo o disponibilidad financiera. De acuerdo con la disposición firmada, los fondos que se logren retener deberán ser depositados en una cuenta judicial especialmente abierta para este proceso.