La Justicia confirmó que el conductor del colectivo de la empresa Vía Tac que protagonizó el vuelco fatal en la Ruta Provincial 51 será sometido a juicio oral, a diez meses del siniestro que dejó seis víctimas fatales —entre ellas una vecina de San Antonio Oeste y una joven de Las Grutas— y 25 personas con lesiones de distinta gravedad.
La causa, que generó una profunda conmoción en varias provincias del país, avanzó formalmente tras el pedido de elevación a juicio presentado a comienzos de febrero de 2026 por el Ministerio Público Fiscal. El único imputado es el chofer Daniel Alejandro Pereyra, acusado de homicidio culposo agravado y lesiones culposas.
Concluida la feria judicial, la fiscalía dio por cerrada la etapa de instrucción luego de una investigación que se extendió durante el plazo máximo previsto por la ley. El expediente quedó ahora bajo la órbita del Juzgado de Garantías N° 2 de Azul, a cargo del juez Carlos Villamarín, quien deberá resolver si el proceso avanza hacia el debate oral y público.
El requerimiento fiscal fue impulsado por la Ayudante Fiscal de General La Madrid, María Belén Colantonio, bajo la supervisión del titular de la UFI N° 7 de Olavarría, Christian Urlezaga. La investigación incluyó declaraciones testimoniales de pasajeros, testigos presenciales, personal de emergencias y pericias accidentológicas y mecánicas, conformando un expediente de más de 600 fojas.
El siniestro
El trágico hecho ocurrió el domingo 6 de abril de 2025, alrededor de las 6 de la mañana, a la altura del kilómetro 550 de la Ruta Provincial 51, en cercanías del cruce con la Ruta 76, en jurisdicción de General La Madrid. El micro, interno 989, había partido desde Caleta Olivia y tenía como destino final la ciudad de La Plata. A bordo viajaban 32 pasajeros y dos choferes.
Según la reconstrucción judicial, el conductor perdió el control del colectivo, que terminó volcando y desplazándose varios metros sobre la calzada. El impacto fue de tal magnitud que varios pasajeros salieron despedidos del habitáculo.
Cinco personas fallecieron en el lugar, mientras que una sexta víctima murió días después en un centro asistencial, como consecuencia de las graves heridas sufridas. Otras 25 personas resultaron con lesiones de diversa consideración, algunas de carácter grave.
Entre las víctimas fatales se encontraban Mirta Linares, reconocida vecina de San Antonio Oeste, y María Kateryne Delgado Oropeza, joven residente de Las Grutas. Ambas pérdidas generaron un fuerte impacto en la comunidad regional.
La imputación
Desde el inicio de la causa, la fiscalía descartó la participación de terceros vehículos en la mecánica del hecho. Las pericias técnicas detectaron deficiencias en la señalización e iluminación del cruce, aunque los investigadores concluyeron que la maniobra imprudente del conductor fue el factor determinante del vuelco.
La carátula quedó establecida como homicidio culposo por conducción imprudente, negligente o antirreglamentaria de un vehículo con motor, agravado por la cantidad de víctimas fatales, en concurso ideal con lesiones graves y leves culposas.
En términos jurídicos, el agravante responde al número de personas fallecidas y al contexto de transporte de pasajeros, lo que eleva la expectativa de pena en caso de condena. Será en el juicio oral donde se analizarán las pruebas reunidas, las pericias técnicas y los testimonios de sobrevivientes y especialistas en accidentología vial.
Conmoción regional
El accidente generó una fuerte repercusión en distintas provincias, especialmente en Santa Cruz, Río Negro y Chubut, de donde eran oriundas o tenían vínculos familiares varias de las víctimas. La magnitud del siniestro reavivó el debate en torno a las condiciones de seguridad en el transporte de larga distancia, los controles mecánicos y la responsabilidad profesional de los conductores.
A casi un año del hecho, la elevación a juicio representa un paso clave en la búsqueda de responsabilidades penales y en el reclamo de justicia por parte de los familiares de las víctimas, quienes han seguido de cerca el avance de la causa.
En las próximas semanas, el juez de Garantías deberá resolver la admisibilidad del requerimiento fiscal y, en caso de ser confirmado, el expediente será remitido al tribunal correspondiente para la fijación de fecha de debate. Allí se definirá la responsabilidad penal del conductor en uno de los siniestros viales más graves registrados en la región en los últimos años.
