La reciente derogación de la ley de alquileres ha creado un panorama complicado para los inquilinos en Río Negro, donde los alquileres están alcanzando cifras alarmantes.
Según Nahuel Capobianco, presidente de la Unión de Inquilinos de la provincia, los costos de vivienda están llevando a los inquilinos a destinar hasta el 82% de sus ingresos al pago del alquiler, lo que ha generado un desajuste económico significativo para las familias.
La eliminación de la ley provocó una falta de uniformidad en los incrementos de los alquileres, que ahora se calculan mediante diversos índices como el IPC, el ICL, y en muchos casos, directamente en dólares. Esta diversidad de criterios generó incertidumbre y complicaciones para las agrupaciones de inquilinos, quienes antes podían prever los aumentos mensuales, pero ahora enfrentan un escenario de incrementos descontrolados.
En ciudades como Bariloche, la situación es especialmente crítica. Los alquileres de monoambientes oscilan entre 300.000 y 450.000 pesos, mientras que los contratos de viviendas de dos ambientes o más suelen estar dolarizados, lo que implica un doble impacto económico debido a la fluctuación del tipo de cambio. Este fenómeno no solo incrementa el costo de vida sino que también exacerba la inseguridad financiera de los inquilinos.
La derogación de la ley también incrementó la oferta de alquileres, aunque los precios continúan siendo inaccesibles para la mayoría. Capobianco destacó que, hace cinco o seis años, un trabajador destinaba entre el 50 y el 55% de sus ingresos al alquiler, cifra que hoy ha escalado a entre el 75 y el 82%. Esta situación ha llevado a un aumento del hacinamiento, ya que familias enteras deben compartir viviendas, y en algunos casos, a la separación de los miembros familiares, ya que algunos padres se ven forzados a alquilar monoambientes y dejar a sus hijos viviendo con abuelos.
Finalmente, Capobianco señaló la falta de herramientas legales y el desinterés de los legisladores nacionales en abordar esta problemática. La Unión de Inquilinos continúa asesorando a las personas sobre sus derechos y obligaciones al ingresar o dejar una vivienda, pero reconoce que sin una legislación adecuada, los inquilinos siguen estando en una situación de vulnerabilidad y desprotección. (fuente La Palabra)
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