Audiencia Pública: Defensora del pueblo rechazó el pedido de aumento solicitado por EDERSA




La distribuidora Edersa solicitó un incremento del 81% para el cuadro tarifario que regirá hasta 2026. La empresa quedistribuye la energía en Río Negro, salvo Río Colorado y Bariloche, argumentó su requerimiento en la falta de actualización del VAD (Valor Agregado de Distribución) que se mantiene congelado desde 2016.

La defensora del pueblo, Adriana Santagti, participó hoy en la audiencia pública virtual referida a la evaluación de la propuesta tarifaria presentada por la empresa EDERSA para el período 2021-2026.

“Necesitamos volver a un esquema de tarifa social simple y accesible que beneficie a los sectores más vulnerables, a jubilados y pensionados, personas con discapacidad, las entidades sin fines de lucro, etc. Necesitamos un programa de contingencia con una tarifa diferenciada para las Pymes, monotributistas, etc., que permita superar el contexto difícil en el que nos sumió la Pandemia”, expresó la defensora.

En la oportunidad Santagati también expresó: “en torno al concepto de pobreza energética es que se estructura la evaluación del comportamiento de la Distribuidora, caracterizado por una situación ya crónica de falta de pago al proveedor mayorista de energía CAMMESA y la falta de inversiones, todo lo cual nos lleva a la falta de sustentabilidad de la firma prestadora y a una baja calidad del servicio. Por eso, esta Defensoría del Pueblo rechaza la aplicación de un aumento tarifario como el solicitado, en la medida que no existen motivos que justifiquen su pretensión”.

“Por el contrario, reclamamos a las autoridades de EDERSA que cumplan con los términos del contrato brindando un servicio de calidad, apelamos a la seriedad de su desempeño y a la responsabilidad social que le corresponde por ser una empresa monopólica en los lugares donde distribuye un servicio esencial calificado como un derecho humano”.  La defensora indicó que “la empresa debe cancelar las deudas contraídas con el proveedor mayorista y debe rendir cuentas de ello al Ente Regulador, debe concretar un plan de inversiones asumiendo los costos que este demande, que el mismo sea monitoreado y evaluado semestralmente por la autoridad regulatoria y que estos costos de ninguna manera sean cargados a los usuarios”.

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