La legisladora provincial por el bloque “Vamos con Todos”, Ayelén Sposito, presentó un proyecto de modificación de la Ley de Pesca de Río Negro con el objetivo de modernizar su articulado, reforzar los controles, garantizar mayor transparencia en la actividad y priorizar la contratación de mano de obra local.
Sposito aclaró que no se trata de una nueva ley, sino de ajustes puntuales consensuados con el sector pesquero. “Siempre discutimos que no era una mala ley y que no había que cambiarla en su totalidad, pero sí modificar algunos artículos para mejorar los controles, dar seguridad a trabajadores y trabajadoras, y exigir que las empresas con permisos contraten un 80% de personal local”, explicó.
Uno de los puntos centrales de la propuesta es la obligatoriedad de contar con un seguro de caución, una demanda histórica de los trabajadores. Según la legisladora, esta medida busca prevenir situaciones en las que las empresas pesqueras quiebran y dejan a su personal sin empleo, algo que “ha pasado varias veces en la historia de la localidad”.
El proyecto también propone identificar claramente a los buques que operan en el Golfo San Matías y fortalecer los mecanismos de investigación y monitoreo de la actividad. “Queremos que sea todo a la vista, que se publique quiénes tienen permisos, cuántas toneladas se les autoriza y cuál es el cupo asignado. Esto no tiene nada de malo, no implica presupuesto adicional y aporta transparencia”, subrayó.
Sposito remarcó que la iniciativa surgió tras reuniones permanentes con representantes del sector pesquero y que cuenta con buena receptividad de otros legisladores, especialmente de la zona atlántica. “Les dimos unos días para hacer observaciones y ya lo presentamos. Están dispuestos a discutirlo y seguramente lo acompañarán con su firma para que salga con coautoría”, adelantó.
La legisladora señaló que la ley vigente, sancionada durante la gestión de Pablo Verani y redactada por el exministro de Producción Rubén Marziale, fue considerada en su momento de vanguardia, pero necesita ser actualizada. “Hay actores y situaciones que no estaban reguladas, como el caso de los fresqueros, y que ahora deben quedar claramente contempladas”, afirmó.
En cuanto al impacto económico, Sposito destacó que las modificaciones no generan gastos adicionales para el Estado, ya que se centran en ordenar, controlar y transparentar la actividad. “Esto viene de un trabajo previo, de pedidos de informes y de análisis con los trabajadores, que son los que más sufren cuando falla el Estado. Hay que modernizar la ley para que después no se cambie por resoluciones que pasen por encima del Poder Legislativo”, concluyó.
El proyecto será discutido en la Comisión de Pesca y en otras comisiones legislativas, con la expectativa de que pueda obtener consenso y convertirse en una herramienta que brinde previsibilidad y equidad en la industria pesquera rionegrina.
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