El Defensor del Pueblo Municipal, Gabriel Bottari, brindó precisiones sobre la denuncia presentada desde su organismo por la extracción de áridos en un sector que estaba presuntamente contaminado. Según explicó, la presentación se realizó ante la Justicia y actualmente la investigación se encuentra en manos del Ministerio Público Fiscal.
Bottari recordó que, apenas se tomó conocimiento de la situación, la Defensoría comunicó los hechos a la Fiscalía, solicitando la intervención inmediata para cesar la actividad de extracción. “Nuestra labor se limitó a presentar la denuncia. A partir de allí, la causa quedó en el ámbito judicial y fue sorteada a la fiscal Rodríguez Fransen, quien es la encargada de determinar si la conducta denunciada constituye o no un delito en los términos del Código Penal”, señaló.
El funcionario destacó que la Defensoría no individualizó responsables al momento de formular la denuncia. “No teníamos información precisa sobre qué funcionarios o empleados municipales habían intervenido. Por eso remitimos la cuestión a la Fiscalía, que es la que debe recabar pruebas, analizar la situación y decidir si corresponde avanzar en una investigación penal”, explicó.
En paralelo, Bottari recordó que el concejal Rodríguez también había realizado una presentación ante la Justicia, lo que derivó en una medida cautelar que dispuso “no innovar”. Esa resolución impidió durante casi 30 días la remoción de montículos de tierra depositados en inmediaciones de la calle Torello, cerca las escuelas.
“Una vez concluidos los estudios ambientales, se determinó que no existían restos de material contaminante, en particular de plomo. Recién entonces el juez levantó la medida y el municipio pudo utilizar ese material para compactar calles en la zona de las escuelas”, indicó el Defensor.
Más allá de este caso, Bottari se refirió al trabajo cotidiano de la Defensoría. Señaló que entre el 60 y 70% de las consultas recibidas corresponden a problemas con multas de tránsito. “Muchos vecinos descubren al renovar el carnet de conducir que tienen infracciones en distintas jurisdicciones y no pueden avanzar hasta regularizar su situación. Desde la Defensoría facilitamos los canales de comunicación para que puedan realizar los descargos o pagar las multas”, detalló.
El organismo también recibe reclamos vinculados a contratos de locación, cuestiones civiles o familiares, aunque esas problemáticas exceden su competencia directa. “De todos modos, los asesoramos y orientamos”, indicó. Además, mencionó que llegan denuncias por conflictos de vecindad, como problemas de medianería o humedad, y reclamos frente a las obras sociales.
Bottari recordó que la sede de la Defensoría del Pueblo Municipal funciona en San Martín 555, de lunes a viernes de 8 a 12:30 horas. “Atendemos a todo el mundo, y si está dentro de nuestras posibilidades, tratamos de resolver el problema”, afirmó.
