Las próximas facturas del servicio de gas natural traerán consigo un significativo incremento a partir de la liquidación en febrero, atribuido principalmente a la eliminación de subsidios anunciada por el gobierno. Aunque las solicitudes de aumentos por parte de las distribuidoras y transportistas podrían haber sido reducidas, se decidió que, de aprobarse, se implementarán en cuotas.
El lunes pasado, el Ente Nacional Regulador del Gas (Enargas) llevó a cabo una audiencia pública en la que las principales empresas del sector, como Transportadora Gas del Sur (TGS), Transportadora Gas del Norte (TGN), y la distribuidora local Camuzzi Gas del Sur, expusieron sus pedidos de recomposición de ingresos, que alcanzaron alrededor del 500% después de años de ajustes por debajo de la inflación.
A pesar de que los pedidos de las empresas solo representan un 2% para las transportistas y un 16% para las distribuidoras en el total de la factura, en algunos casos, como el de Gasnor, se solicitó un aumento del 704%. Sin embargo, los funcionarios del gobierno advirtieron que no se convalidarán en su totalidad estos incrementos.
El segundo punto destacado es que, de aprobarse los aumentos, se aplicarán en cuotas, siguiendo los lineamientos del denominado Fallo Cepis, que aboga por subas «graduales, previsibles y razonables». Esto significa que los aumentos del 75% al 115% previstos para los segmentos de ingresos medio y alto podrían ser menores y se distribuirían en varios meses.
En particular, la quita de subsidios jugará un papel crucial en este ajuste, ya que los funcionarios de Energía anticiparon que se aplicará en tres cuotas iguales, abarcando los consumos de febrero, marzo y abril. Para los usuarios de más altos ingresos, esto representaría aumentos mensuales del 63%, mientras que para los comercios ascenderían al 160% mensual. En cuanto a los usuarios domiciliarios de ingresos medios, el aumento por mes rondaría el 142%.
Se espera que en abril entre en vigencia un nuevo sistema de subsidios que no reducirá el precio del gas, sino que subsidiará un porcentaje del consumo basado en una canasta básica energética y los ingresos de cada grupo conviviente. Este cambio pretende minimizar el impacto en los usuarios de menores recursos, postergando el traslado total del costo del PIST a este segmento.
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