La secretaria general de Asspur–FESPROSA, Cecira Mullaly, realizó un duro balance del 2025 y alertó sobre el escenario que enfrentará el sector de la salud pública durante el año, marcado —según sostuvo— por el ajuste presupuestario, la pérdida de derechos laborales y una reforma que pondría en jaque el derecho a huelga.
Mullaly remarcó que durante todo el año el gremio mantuvo una presencia activa “en la calle, en los hospitales y en las asambleas”, tanto a nivel provincial como nacional, con reclamos centrados en mejoras salariales, dignidad laboral y la defensa de derechos adquiridos. “Hemos intentado resistir una quita de derechos que no se da de golpe, sino que va goteando de manera permanente”, expresó.
Uno de los puntos más críticos señalados por la dirigente fue la implementación de una consultora privada que evalúa las licencias médicas de los trabajadores estatales. Según explicó, este mecanismo “terminó vulnerando el derecho a la recuperación de la salud”, ya que define de manera unilateral cuántos días necesita una persona para reponerse de una enfermedad o una cirugía. “Nos encontramos con compañeros que, incluso en postoperatorios complejos, tienen que volver a trabajar porque la consultora les rechaza la licencia en base a un listado que no sabemos quién elaboró”, denunció.
En el plano provincial, Mullaly indicó que, pese a haber planteado estas situaciones en la mesa de salud y en instancias de diálogo con el gobierno, aún no existe una respuesta concreta al reclamo de una paritaria sectorial. “Es una necesidad urgente para empezar a corregir el terrible panorama salarial y la desconfiguración de la escala y la pirámide salarial en la salud pública”, afirmó.
A nivel nacional, la secretaria general de Asspur–FESPROSA destacó la participación del gremio en distintas movilizaciones durante 2025, entre ellas las marchas en defensa del Hospital Garrahan, la salud pública, la discapacidad, la educación y la universidad pública. Según señaló, la masividad de estas protestas permitió resistir recortes y reformas impulsadas por el Poder Ejecutivo, a las que calificó como producto de “una no ejecución presupuestaria caprichosa y una política de vetos permanentes”.
No obstante, advirtió que el presupuesto aprobado para 2026 profundiza el ajuste y anticipa un escenario aún más adverso. “Fue votado por los mismos que antes lo habían rechazado, a cambio de transferencias y financiamiento para sus provincias, en una acción absolutamente egoísta”, cuestionó. En ese contexto, alertó que la salud pública será uno de los sectores más afectados, tanto por el recorte presupuestario como por la reforma laboral que comenzaría a discutirse en febrero.
Entre los aspectos más preocupantes de esa reforma, Mullaly mencionó la virtual eliminación del derecho a huelga para los trabajadores de la salud. “Se pretende que garanticemos el 75% de los servicios, cuando hoy hay hospitales que ya funcionan al 100% en un día normal. En la práctica, eso elimina el derecho a huelga y también el derecho a hacer asambleas sin autorización del empleador”, sostuvo.
La dirigente sindical remarcó que, aunque algunas de estas medidas no impacten de manera inmediata sobre los trabajadores provinciales, terminan extendiéndose al conjunto del sector público y privado. Por ese motivo, anunció que los días 30 de diciembre y 2 de enero se llevaron adelante acciones para “generar resistencia a esa reforma y cuidar los derechos conquistados”.
Finalmente, Mullaly hizo un llamado a la unidad de los trabajadores de cara al próximo año. “El 2026 nos tiene que encontrar más unidos que nunca, más conscientes de que somos trabajadores. Entre un trabajador sin derechos y un esclavo no hay mucha diferencia”, afirmó. En ese sentido, advirtió sobre el deterioro creciente de las condiciones de vida: salarios que no alcanzan, menor acceso a licencias por enfermedad y un desgaste físico cada vez mayor. “Nos quieren vender la idea de que al que labura no le va a pasar nada, pero todos los días vemos que no es así”, concluyó.
