La obra social provincial de Río Negro, Ipross, se encuentra en la etapa final de implementación de un esquema de auditoría privada que abarcará aproximadamente el 23% de sus prestaciones médicas, en medio de cuestionamientos por parte de organizaciones sindicales.
La medida implica la contratación de una empresa externa que tendrá a su cargo el control de la calidad, pertinencia y facturación de los servicios brindados por clínicas y sanatorios a los afiliados. Estas prestaciones representan un volumen significativo del gasto del organismo, con desembolsos cercanos a los 5.000 millones de pesos mensuales.
Según datos oficiales, solo en diciembre de 2025 estos servicios alcanzaron los 4.895 millones de pesos, lo que equivale a cerca de una cuarta parte del total de erogaciones de la obra social.
La auditoría estará a cargo de la firma Pyxis Gestión Estratégica SRL, que percibirá unos 59 millones de pesos mensuales durante un período inicial de seis meses, totalizando una inversión de 354 millones.
El objetivo central del nuevo esquema es reforzar los controles sobre las prestaciones médicas, en un contexto donde históricamente estas tareas eran realizadas por el propio instituto, aunque con limitaciones derivadas de una estructura de auditoría considerada insuficiente.
Entre las funciones previstas, la empresa deberá realizar auditorías en terreno, supervisar internaciones, verificar diagnósticos y tratamientos, y controlar la correcta liquidación de las facturaciones presentadas por los prestadores. Además, se contempla un seguimiento mensual de hasta 1.500 internaciones y la elaboración de registros actualizados de pacientes.
Desde la conducción del Ipross, encabezada por su presidenta Ivana Porro, se argumentó que la contratación tiene carácter transitorio y que forma parte de un proceso más amplio que incluye una futura licitación. Asimismo, se destacó que experiencias previas de auditorías externas permitieron generar ahorros superiores al 26% en prestaciones de alta complejidad.
Sin embargo, la decisión generó fuertes críticas por parte de gremios estatales. La Unión del Personal Civil de la Nación (UPCN) expresó su rechazo a la contratación directa y cuestionó la falta de transparencia en el proceso, mientras que el gremio docente Unter denunció que la medida se tomó sin consulta a los afiliados y en un contexto de deterioro del sistema de salud.
Desde Unter señalaron que este tipo de decisiones “debilitan lo público” y advirtieron sobre un desplazamiento de los afiliados en los espacios de participación. Además, remarcaron que persisten problemas en el acceso a prestaciones y demoras en la atención.
El nuevo esquema de control abarcará distintas regiones de la provincia —Atlántica, Andina y Alto Valle— y podrá aplicarse inicialmente sobre una decena de centros médicos, con posibilidad de ampliación según las necesidades del organismo.
En este contexto, la implementación de auditorías privadas en el Ipross abre un nuevo foco de debate sobre el rol del Estado en la gestión de la salud pública, el uso de recursos y los mecanismos de control en uno de los sistemas de cobertura más importantes para los trabajadores estatales de Río Negro.
