Cuatro concejales del Municipio de San Antonio Oeste han solicitado formalmente la intervención del Defensor del Pueblo local ante lo que califican como «graves irregularidades» en el proceso de aprobación de la Ordenanza N° 7555, que autoriza la preadjudicación de un inmueble en Las Grutas para un proyecto de complejo deportivo.
Según el escrito presentado este jueves, los ediles Avaca, Rodríguez, González y Araño, sostienen que la ordenanza —asentada bajo el Expediente N° 300/2025— adolece de vicios que la harían nula de nulidad absoluta e insanable, y alertan sobre un posible daño al patrimonio público.
Entre los fundamentos de la denuncia, se destacan:
- Falta de desafectación de la Reserva Fiscal: El terreno, identificado catastralmente como 17-1-N-901B-04, es una Reserva Fiscal. Los concejales exigen que su desafectación se realice mediante una ordenanza específica, tal como lo establece la Carta Orgánica Municipal y el Código de Ordenamiento Territorial (C.O.T.), requisito que no se habría cumplido.
- Procedimiento irregular de preadjudicación: Afirman que no se siguieron los procedimientos previstos en la Ordenanza General de Tierras N° 7446, que exige una licitación pública para este tipo de operaciones.
- Deficiencias en el trámite administrativo: Señalan la falta de estudios de impacto urbanístico, dictámenes técnicos y la omisión de la intervención del Consejo Asesor de Planificación. Además, denuncian que el tratamiento en el Concejo Deliberante fue «apresurado y sin el debido análisis en comisión».
- Riesgo patrimonial: Advierten que la medida sienta un precedente peligroso que podría comprometer la gestión futura del ordenamiento territorial y afectar bienes públicos estratégicos.
Los concejales basaron su pedido de intervención del Defensor del Pueblo en la Ordenanza N° 5313, que crea y regula esta figura. Argumentan que corresponde a su función supervisar la administración pública, investigar presuntas arbitrariedades o ilegitimidades, y defender el patrimonio municipal y los intereses de la comunidad.
La solicitud de intervención apela a las atribuciones del Defensor del Pueblo para investigar presuntas arbitrariedades y proteger el interés común.
