Un nuevo conflicto por la tenencia de tierras salió a la luz en las últimas horas en la zona rural de San Antonio Oeste, luego de que la Dirección de Tierras de la Provincia de Río Negro notificara a la familia Uinca sobre la obligación de desalojar un predio que ocupan desde hace más de medio siglo.
El abogado Ricardo Thompson, representante legal de la familia, explicó que la situación se originó tras inspecciones realizadas por personal del organismo provincial en el terreno en cuestión, lo que derivó en la apertura de un expediente administrativo.
Según detalló el letrado, durante esas visitas se llevó adelante un reconocimiento del lugar y se constató la existencia de diversas instalaciones rurales. “En el expediente de la Dirección de Tierras figura toda la inspección donde se verificó que hay viviendas, corrales, galpones y un tanque australiano, entre otras instalaciones”, señaló.
De acuerdo con Thompson, a partir de esa información el organismo habría tomado conocimiento de que el terreno podría ser transferido al municipio de San Antonio Oeste, aunque actualmente se encuentra ocupado por una familia que reside allí desde hace varias generaciones.
Una ocupación de más de 50 años
El abogado sostuvo que la familia mantiene una ocupación histórica del lugar. “Está ocupado por gente que vive allí por generaciones. Sus abuelos construyeron las primeras viviendas y desde entonces desarrollan actividad agro-pastoril en el lugar desde hace más de medio siglo”, explicó.
En ese contexto, indicó que la notificación que recibieron recientemente para abandonar el predio tomó por sorpresa a los ocupantes. “Sorpresivamente llega una intimación de la Dirección de Tierras de la Porvincia de Río Negro para que dejen ese lugar cuando, conforme a la legislación vigente y a los principios constitucionales, esta familia ya habría adquirido derechos sobre esa tierra”, afirmó.
Según el abogado, la posesión se fue transmitiendo de generación en generación dentro del mismo núcleo familiar. Actualmente, quien figura formalmente como productor es Nicolás Uinca, nieto de los primeros ocupantes. “Antes estuvo su padre y antes su abuelo. En realidad es una posesión familiar ancestral. La notificación se dirige a Nicolás porque hoy es quien está inscripto como productor”, explicó Thompson.
Producción ganadera y registros oficiales
Otro de los argumentos expuestos por la defensa es que la actividad productiva en el lugar se encuentra registrada formalmente. “El establecimiento está inscripto en Servicio Nacional de Sanidad y Calidad Agroalimentaria como productor ganadero. El ganado tiene marca y señal registrada, como cualquier otro productor de la zona”, detalló el abogado.
En ese sentido, remarcó que el propio expediente administrativo elaborado por la Dirección de Tierras reconoce varios de estos elementos. “La misma inspección constató la existencia de las construcciones, de las instalaciones y del alambrado perimetral que delimita el campo, que fue realizado por la familia hace aproximadamente 50 años”, afirmó.
Debate legal por la posesión del terreno
Desde el punto de vista jurídico, Thompson aseguró que la familia podría invocar la figura de la prescripción adquisitiva, también conocida como usucapión. “En nuestro derecho, si una persona posee un inmueble con ánimo de dueño durante más de 20 años, se configura lo que se denomina prescripción adquisitiva”, explicó. “Eso significa que el derecho sobre el inmueble ya se adquiere por el simple paso del tiempo y la posesión pública, pacífica y continuada”.
El abogado sostuvo que en este caso la ocupación supera ampliamente ese plazo. “Estamos hablando de más de 50 años. Por lo tanto, el derecho de la familia estaría consolidado desde hace décadas”, argumentó.
Asimismo, cuestionó que la provincia haya fundamentado la intimación en una ley posterior a la ocupación histórica del lugar. “La norma provincial que se invoca es posterior y no puede aplicarse retroactivamente. Para cuando esa ley fue dictada, el derecho de la familia ya estaba consolidado”, señaló.
Otro aspecto señalado por la defensa es la situación administrativa del terreno. De acuerdo con Thompson, parte del predio ni siquiera cuenta con nomenclatura catastral formal. “En el expediente consta que estas tierras nunca fueron correctamente nomencladas ni mensuradas. Estamos hablando prácticamente de un espacio individualizado de manera aproximada”, explicó.
El abogado recordó que muchas de estas tierras pasaron a jurisdicción provincial tras la provincialización de Río Negro en la década del 50, cuando la Nación transfirió grandes extensiones de territorio que anteriormente estaban bajo su administración. “Desde entonces, esta familia vive allí de manera continua. La posesión está acreditada incluso por los propios registros de la Dirección de Tierras”, sostuvo.
Inicio del proceso judicial
Frente a la intimación recibida, la familia inició acciones legales para defender su permanencia en el lugar. Actualmente el proceso se encuentra en la etapa inicial de notificaciones. “Estamos notificando a la provincia para que responda judicialmente. Luego veremos cuál será el curso que disponga el juez”, indicó Thompson.
El abogado no descartó que el magistrado disponga una instancia de mediación previa. “Es posible que el juez convoque a una mediación, lo cual sería una etapa normal dentro del proceso. En caso de que así sea, concurriremos a esa instancia”, afirmó.
Pese al conflicto planteado, el representante legal de la familia Uinca se mostró confiado en el resultado del proceso judicial. “La prueba más fuerte surge del propio expediente administrativo de la provincia, donde se reconoce la posesión de la familia durante décadas”, aseguró.
En ese sentido, consideró que será difícil revertir la situación jurídica existente. “No veo factible que se desconozca un derecho que se generó a partir de una posesión pública, pacífica y continuada durante tantos años”, manifestó.
Finalmente, Thompson remarcó que el objetivo principal es garantizar la continuidad de la familia en el lugar donde ha vivido y trabajado por generaciones. “Tenemos muy claro qué es lo que debemos defender. Se trata del derecho de una familia que ha construido su vida allí durante más de medio siglo”, concluyó.
