En esta oportunidad, Alejandro Araño, concejal de Compromiso Ciudadano, expuso en una reciente entrevista en Signos FM su visión sobre la situación del proyecto de declaración de utilidad pública del terreno donde se encontraba la ex Galme Pesquera, así como la expropiación de una manzana contigua.
La iniciativa, sin embargo, no consiguió los dos tercios de los votos necesarios en el Concejo Deliberante para avanzar. Araño, en su intervención, hizo un repaso del proceso legislativo y las posibles implicancias legales, expresando sus preocupaciones respecto a la falta de claridad y el riesgo financiero que podría implicar para el municipio y la comunidad.
Alejandro Araño comenzó explicando que el proyecto de expropiación tiene una larga historia en el Concejo Deliberante, incluso desde la gestión anterior. «Este tema involucra al consejo anterior, pero yendo de atrás para adelante, lo que consideramos en el análisis son todas las opciones posibles», afirmó Araño. Según el concejal, el error hubo un error en los procedimientos llevados a cabo.
Araño detalló que durante la última sesión del Concejo, su bloque propuso una moción para devolver el proyecto a comisión, argumentando que el expediente era extenso y databa de muchos años, por lo que requería un análisis más profundo. A su juicio, no existía un motivo de urgencia para proceder sin antes considerar toda la información disponible, especialmente porque hasta el día previo a la sesión, aún se estaban recibiendo datos técnicos de especialistas en subastas públicas y remates judiciales.
«En la misma sesión, sin saber el margen de votos, planteamos que volviera a comisión. No consideramos que existiera una urgencia que justificara no esperar y analizar todo correctamente en la comisión», explicó el edil. Sin embargo, la votación avanzó con una simple mayoría, y la propuesta de expropiación no logró el apoyo de los dos tercios necesarios para su aprobación, tal como estipula el artículo 159 de la Carta Orgánica.
La discusión no es solo política, sino también legal. Araño enfatizó la importancia de cumplir con la normativa vigente para proteger los derechos de todas las partes involucradas. Según explicó, la expropiación de la manzana contigua y el terreno de la ex Galme Pesquera debería respetar lo que establece tanto la ley provincial y nacional como el artículo 17 de la Constitución Nacional, que requiere una compensación previa y justa en los casos de utilidad pública.
«Eso implica que, en un acto de estas características, se debe depositar en la justicia un monto determinado por considerar ese valor, pero si no hay acuerdo, se pasa a un proceso judicial y se establecen montos que en realidad no sabemos muy claramente cómo es. Es más, no sabemos cuánto sale el costo de demolición de la Galme hasta el día de hoy», expresó Araño, destacando la incertidumbre que rodea los costos y las responsabilidades financieras asociadas al proyecto.
Otra de las preocupaciones expuestas por Araño fue la falta de claridad sobre los costos asociados a la expropiación y la demolición. «Hemos otorgado una manzana entera, pero tampoco sabemos cuánto cuesta la obra», comentó. Según el concejal, la falta de información precisa podría poner en riesgo el patrimonio de la sociedad. «No vamos a asumir la responsabilidad de hacerle perder a la sociedad, en caso hipotético de que así sea, parte de su patrimonio», advirtió.
Además, Araño señaló que su bloque había solicitado información sobre los costos de demolición, pero que hasta el momento no habían recibido respuestas concretas. La incertidumbre financiera, junto con la falta de claridad sobre la titularidad del terreno en cuestión, son factores que generan dudas sobre la viabilidad y la legalidad del proyecto de expropiación.
Durante su intervención, Araño clarificó las diferencias de interpretación sobre el artículo 159 de la Carta Orgánica, que establece que el municipio puede declarar de utilidad pública y sujeto a expropiación los bienes que considere necesarios, siempre que la ordenanza respectiva sea aprobada por dos tercios de los miembros del Concejo. «Me parece a mí que en esa situación es muy clara la cuestión conceptual dentro del artículo», subrayó, aunque también reconoció y respetó la interpretación del presidente del Concejo.
Sin embargo, el concejal manifestó que la forma en que se llevó a cabo el proceso fue inadecuada. «Si hubiéramos pasado adelante con la moción de vuelta a comisión, hubiéramos tenido un tratamiento al menos un poquito más serio», comentó. Araño insistió en que, en su opinión, la propuesta debería haberse discutido de manera más amplia y profunda en la comisión antes de someterla a votación.
Ante la falta de consenso y la votación negativa en el Concejo, Araño sugirió que el tema debe ser revisado nuevamente, considerando todas las aristas legales y financieras involucradas. «Creo que requiere una vuelta, sé que la legislatura a través de la comisión está trabajando en función de eso, pero existen determinadas aristas que son de cierto margen de atención serias, muy serias», dijo.
El concejal también instó a la comunidad a interesarse más en estos asuntos, ya que tienen un impacto directo en el patrimonio y los recursos municipales. «Yo te propongo, para trasladar a la gente que está del otro lado también, que le debe interesar meterse en estos temas», afirmó.
Araño concluyó su intervención reiterando la necesidad de un enfoque más cuidadoso y de una discusión más amplia en torno al tema. «Todo esto merece, por lo menos, el tratamiento posterior», señaló. Queda por ver si el Concejo Deliberante retomará el tema en futuras sesiones y si se logrará el consenso necesario para avanzar con el proyecto de expropiación bajo términos que satisfagan a todas las partes involucradas.