El legislador del bloque Coalición Cívica ARI en la Legislatura de Río Negro, Fernando Frugoni, se refirió a la situación actual de la actividad pesquera en la provincia y sostuvo que es necesario avanzar en una actualización de la Ley provincial N.º 1960, normativa que regula el sector desde hace varios años y que, según afirmó, requiere adecuarse a las condiciones actuales de la industria.
El parlamentario explicó en InformativoHoy Radio que aún no se conformó formalmente durante este año la Comisión Especial de Pesca de la Legislatura rionegrina. “Todavía no tenemos la conformación de la Comisión Especial de Pesca. Generalmente, cuando comienza un nuevo período legislativo volvemos todos los que la integramos, salvo que algún bloque decida cambiar a sus representantes. De hecho, los integrantes ya fueron ratificados, pero todavía no nos hemos reunido”, señaló.
Frugoni detalló que el primer encuentro del año suele estar destinado a la elección de autoridades dentro de la comisión, como el presidente o el secretario, quienes son los encargados de convocar formalmente a las reuniones de trabajo. “Hasta que eso no ocurre, todos los que integramos la comisión estamos sin funciones específicas dentro de la misma”, explicó.
El legislador indicó que la actividad atraviesa un escenario difícil, especialmente en el Golfo San Matías, donde continúa vigente la emergencia pesquera que fue prorrogada recientemente por seis meses. En ese contexto, señaló que actualmente se registra algo de actividad en la captura de langostino, principalmente en el sector artesanal. “Estamos frente a un panorama pesquero complejo. La emergencia en el golfo fue extendida hace poco tiempo atrás por seis meses. Está saliendo algo de langostino, particularmente en la pesca artesanal”, indicó.
A pesar de este escenario, Frugoni aseguró que existen planes y proyectos en análisis de cara al futuro del sector, con iniciativas pensadas para el año 2026. Entre ellas mencionó el desarrollo de la maricultura como una alternativa productiva para diversificar la actividad en la región.
Debate por una nueva legislación
Uno de los ejes centrales del planteo del legislador es la revisión de la Ley provincial 1960, normativa que regula la actividad pesquera en Río Negro. Según explicó, se trata de una ley que no es negativa en su estructura, pero que necesita ser actualizada para responder a los desafíos actuales de la industria. “Es el momento oportuno para sentarnos y barajar de nuevo y ponernos a tono con la actualidad que estamos viviendo con la pesca”, sostuvo.
En ese sentido, planteó dos posibles caminos: modificar la normativa vigente o directamente avanzar en una nueva ley pesquera para la provincia. “La ley 1960 tiene sus años. No es una mala ley, pero requiere una actualización. Hay que aplicarla firmemente, pero también modificarla para que esté acorde con la actualidad”, explicó.
Frugoni remarcó que hay aspectos de la actividad que necesitan ser revisados y mejorados, especialmente en lo referido a la organización del sector y al control de las empresas que operan en la industria.
Uno de los puntos que el legislador considera clave es establecer reglas claras para la instalación y funcionamiento de las plantas procesadoras de pescado, especialmente para evitar situaciones en las que empresas abandonan sus operaciones dejando trabajadores sin cobrar salarios o indemnizaciones. “Hay que establecer claramente quién puede y quién no puede poner una planta procesadora. Principalmente cuando toman la decisión de irse y dejar no solo a la gente sin trabajo, sino sin pagarles lo que les debían”, advirtió.
Según explicó, el objetivo es que quienes decidan invertir en la industria conozcan de antemano las responsabilidades y consecuencias que implica su actividad. “Que aquel que ponga una planta sepa exactamente cuáles pueden ser las consecuencias si de un día para el otro decide cerrar”, indicó, aunque aclaró que la situación ideal sería que los empresarios que atraviesen dificultades económicas cumplan con sus obligaciones laborales antes de retirarse del negocio.
“Lo que tendría que pasar —y que nunca pasa— es que cuando alguien no puede seguir, cierre ordenadamente, pague lo que corresponde y listo. Pero muchas veces los trabajadores quedan sin cobrar indemnizaciones ni sueldos atrasados, y eso es lo que no queremos que vuelva a ocurrir”, agregó.
Consenso para avanzar en cambios
Frugoni aseguró que ha mantenido conversaciones con funcionarios del área productiva de la provincia para impulsar el debate sobre una nueva legislación pesquera. Entre ellos mencionó al subsecretario de Pesca, Gustavo Gualtieri, con quien dijo compartir la necesidad de avanzar en modificaciones a la normativa vigente.
También sostuvo que otros legisladores de la región acompañan la idea de discutir cambios en el marco regulatorio del sector. “Estamos convencidos de que hay que sentarse seriamente a hablar de la modificación de la 1960 o de una nueva ley. Algo hay que hacer. Hay que actualizar las reglas de juego o establecer nuevas reglas”, afirmó.
El legislador también planteó que el sector pesquero debe incorporar herramientas tecnológicas que ya se utilizan en otras industrias para mejorar el control y la gestión de los recursos. En ese sentido, mencionó la posibilidad de implementar sistemas de seguimiento satelital más rigurosos y monitoreo en tiempo real de los volúmenes de captura. “Estamos hablando de todo lo que ha avanzado la tecnología en todos los ámbitos. Si lo vemos en la industria hidrocarburífera, que la tenemos muy cerca, es evidente que esos avances no se han trasladado con la misma intensidad al sector pesquero”, sostuvo.
Para Frugoni, la modernización del sistema permitiría mejorar el control del recurso y garantizar mayor transparencia en la actividad. Derechos y obligaciones en la industria
Finalmente, el legislador remarcó que una eventual reforma de la legislación debería contemplar los intereses de todos los actores vinculados a la actividad pesquera: trabajadores, empresarios y el Estado. “El objetivo es que todos los involucrados en la industria vean satisfechos sus derechos, pero también que cumplan con sus obligaciones”, expresó.
En ese sentido, criticó que en el debate público muchas veces se priorizan los reclamos de derechos sin abordar las responsabilidades que cada sector debe asumir. “En Argentina todos reclaman derechos, pero de las obligaciones no habla nadie”, concluyó.
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