El presidente del bloque CC ARI Cambiemos, Javier Acevedo, se reunió con la Defensora del Pueblo de Río Negro, Adriana Santagati, para discutir la implementación de la Ley de Radares, publicada el 22 de julio en el Boletín Oficial, que ha generado inquietudes y confusión entre los ciudadanos por la nulidad de las multas.
Durante el encuentro, ambos destacaron la importancia de la ley, que tiene como objetivo abordar una problemática significativa en la provincia y que ha sido uno de los principales motivos de consulta en la Defensoría del Pueblo. Acevedo resaltó los informes presentados por el equipo de Santagati, que incluyen numerosas quejas por multas emitidas a través de radares. «Estos informes han sido imprescindibles para los fundamentos de la ley presentada por nuestro bloque», afirmó Acevedo.
Santagati expresó su interés en participar activamente en la reglamentación de la ley, subrayando la importancia de una buena implementación y la colaboración conjunta para garantizar su correcta ejecución.
En este sentido, el legislador apoyó con agrado la propuesta y confirmó su apoyó enviando una nota al Ministro de Seguridad y Justicia de la Provincia, Daniel Jara, para que consideren la propuesta de incluir a la Defensora del Pueblo en la reglamentación de la Ley, dada su trayectoria y reconocido trabajo durante estos años, abordando y canalizando las demandas y consultas respecto a los radares. considerando que reúne las condiciones técnicas y de idoneidad para esta tarea.
Tanto Acevedo como la defensora coincidieron en que es esencial que los radares en la provincia tengan un objetivo preventivo y no recaudatorio. «Necesitamos ordenar y regular esta situación para beneficio de los rionegrinos», enfatizaron. Acevedo agregó: «Los radares se han convertido en un negocio a nivel nacional. Estamos a favor de la seguridad vial, pero no en perjuicio del ciudadano».
Es importante transmitir a la ciudadanía que la Ley incluye a todos los radares situados en rutas provinciales y nacionales en Río Negro, que habían sido habilitados tanto por la Agencia Provincial de Seguridad Vial como por la Agencia Nacional, debido a la reserva de jurisdicción de la provincia en estos casos.