Vecinos y organizaciones proteccionistas de San Antonio Oeste formalizaron una denuncia penal contra funcionarios y ex funcionarios del Poder Ejecutivo municipal por la presunta comisión de los delitos de peculado, malversación de caudales públicos y administración fraudulenta. La presentación judicial fue resuelta en una asamblea realizada el jueves 19 de febrero y apunta a un supuesto desvío de los fondos recaudados mediante la tasa de Zoonosis.
Según consta en la denuncia, el eje de la acusación radica en una “grave defraudación” a los contribuyentes que abonan mensualmente una tasa específica destinada, por ordenanza, a financiar castraciones y acciones de salud pública animal. Sin embargo, los denunciantes sostienen que esos recursos habrían sido redireccionados hacia una presunta “caja negra” para solventar haberes y pagos que ya contaban con partidas presupuestarias propias, convirtiendo así fondos afectados en recursos de libre disponibilidad.
La situación, aseguran, tuvo un impacto directo en la prestación del servicio. De acuerdo con los datos aportados, mientras el Municipio continuó cobrando la tasa correspondiente, el área de Zoonosis habría experimentado un colapso del 80% en sus servicios básicos. En concreto, se señala que de las 3.800 castraciones registradas en 2021, la cifra descendió a 600 intervenciones en el primer semestre de 2025 bajo la actual gestión.
Los denunciantes remarcan que la caída en las prestaciones no puede atribuirse a una falta de recursos económicos. En ese sentido, citan certificaciones del Tribunal de Cuentas que darían cuenta de superávits millonarios, superiores a los 40 millones de pesos solo en el ejercicio 2024, montos que —según la presentación— no habrían sido declarados en los presupuestos posteriores. Afirman que esos fondos, en lugar de reinvertirse conforme lo establece la Ordenanza de Zoonosis, “desaparecieron” de los balances oficiales y fueron destinados a fines ajenos a la normativa vigente.
Otro de los puntos centrales de la denuncia es la supuesta omisión en la presentación de los Estados de Ejecución Presupuestaria correspondientes a los ejercicios 2023, 2024 y 2025 ante el Tribunal de Cuentas. Según los denunciantes, pese a los reiterados reclamos del órgano de control, el Ejecutivo no habría cumplido con esa obligación administrativa.
Para quienes impulsan la acción judicial, esta falta de rendición no constituiría una mera desprolijidad, sino una maniobra sistemática de ocultamiento iniciada en 2022 con el objetivo de evitar que se detecte el rastro del dinero y la eventual superposición de partidas presupuestarias.
En el escrito se advierte además sobre las consecuencias sanitarias derivadas de la reducción en las castraciones, señalando que la población de fauna urbana crece sin control en distintos barrios y basurales del ejido municipal, lo que —según sostienen— agrava la problemática de salud pública.
Ahora será la Justicia la que deberá determinar si existió el desvío denunciado y establecer las eventuales responsabilidades penales de los funcionarios involucrados, en un caso que pone bajo la lupa la administración de fondos públicos y el cumplimiento de las ordenanzas vigentes en el ámbito municipal.
