El delegado en Valcheta de la Asociación Sindical de Salud Pública de Río Negro (ASSPUR), Richard Llanqueleo, manifestó un fuerte rechazo a la política salarial aplicada al sector y advirtió sobre un creciente malestar entre los trabajadores de la salud pública provincial, quienes analizan profundizar medidas de fuerza y acompañar el paro previsto para el este 11 de febrero.
Llanqueleo cuestionó la modalidad de recomposición salarial impulsada por el Gobierno provincial, basada principalmente en el pago de bonos y aumentos vinculados al índice de inflación. Según explicó, estas medidas “precarizan al trabajador” y no representan una mejora real en el poder adquisitivo del personal sanitario.
“El salario viene perdiendo poder adquisitivo desde 2024 hasta la fecha. Los bonos en cuotas y los incrementos por IPC no reflejan la realidad económica que vivimos los trabajadores ni la sociedad en general”, expresó el delegado. En ese sentido, sostuvo que los aumentos salariales difundidos oficialmente no se condicen con el impacto que generan las subas en alimentos, combustibles, tarifas de servicios, alquileres y otros gastos esenciales.
El referente gremial también cuestionó el pago de un bono de 250 mil pesos anunciado por el Ejecutivo, que se abonará en dos cuotas de 125 mil pesos —la primera el 20 de febrero y la segunda el 20 de marzo—. Según explicó, la incertidumbre sobre si esa suma se incorporará o no al salario básico genera preocupación entre los trabajadores.
“Un bono no es una recomposición salarial. Es una forma de precarizar. Nosotros calculamos que para recuperar el poder adquisitivo perdido se necesita, al menos, una recomposición del 35 por ciento en los salarios”, aseguró.
Llanqueleo además criticó la postura del Gobierno y apuntó contra el acuerdo alcanzado con otros gremios. “Se presentan estas medidas como un gran logro para los trabajadores, pero si realmente lo fuera, no estaríamos iniciando reclamos ni convocando a medidas de fuerza”, afirmó.
En ese contexto, confirmó que ASSPUR acompañará el paro convocado para el 11 de febrero junto al gremio docente UnTER, en rechazo a la política salarial y a proyectos vinculados a reformas laborales que, según indicó, afectan a los trabajadores estatales.
El delegado describió además un escenario de sobrecarga laboral dentro del sistema sanitario público. Señaló que muchos trabajadores deben realizar extensas jornadas y cubrir guardias de 12, 24, 40 e incluso 48 horas para poder afrontar sus gastos mensuales. “Cumplimos nuestras ocho horas de trabajo y después debemos sobrecargarnos para llegar a mitad de mes, porque tampoco llegamos a fin de mes”, remarcó.
Por otra parte, Llanqueleo planteó deficiencias estructurales dentro del sistema de salud pública provincial, al que calificó como “vaciamiento de recursos humanos e infraestructura”. Indicó que aún existen hospitales con falta de personal, equipamiento insuficiente y dificultades para implementar procesos de modernización tecnológica.
En ese sentido, sostuvo que numerosos establecimientos sanitarios no cuentan con conectividad estable, lo que impide avanzar con la digitalización de historias clínicas y otros sistemas informáticos. “No se puede hablar de modernización cuando hay hospitales sin conexión total a internet, sin sistemas funcionando y sin capacitación del personal para utilizar herramientas digitales”, explicó.
