Jovita González, del partido Compromiso Ciudadano, se refirió en primer término al conflicto por los elevados costos que debió afrontar el municipio de San Antonio Este como consecuencia de lo que calificó como “mal accionar de funcionarios públicos”. Si bien estos ya no forman parte del gabinete actual, destacó que se retiraron “sin dar explicaciones”.
“Hasta ahora, el defensor del pueblo no tenía novedades. Estamos evaluando algunas cuestiones internas para ver cómo accionar desde el Concejo Deliberante, pero hay que atender los tiempos que tienen otros organismos y el procedimiento administrativo”, indicó.
La concejal mencionó directamente a Ivana Gómez como una de las funcionarias que habría estado involucrada en la situación y que aún permanece dentro del gobierno municipal. En este contexto, lamentó que no se haya concretado la interpelación solicitada en su momento: “Solo se trataba de responder algunas preguntas para esclarecer el tema. Si él (el funcionario principal) hubiese asistido, podríamos haber avanzado en función de sus respuestas”.
Consultada sobre el estado de obras recientes, esencialmente en la ejecución del paseo costero desde Río Salado hacia la ex Galme Pesquera “Fuimos a ver el espacio cuando todavía estaba en obra y notamos errores evidentes: una falsa escuadra, juntas de dilatación ausentes, detalles que no requieren ser especialistas para advertirlos”, detalló.
También puso en duda que se hayan realizado los estudios de impacto ambiental correspondientes, al tratarse de una zona ribereña: “Me preocupa especialmente la parte ambiental. No sé si esa obra tuvo los estudios requeridos. No se puede simplificar el relleno de nuestra costa con escombros u otros materiales que no son propios de la ría. Eso genera accidentes, como ya ha pasado con quienes practican remo o navegación”.
En ese sentido, adelantó que desde su bloque pedirán informes para conocer si se cumplieron las normativas ambientales y técnicas exigidas para una obra de estas características.
Además, González apuntó directamente a la responsabilidad del Estado en el control de empresas contratistas. “Si no puede realizar las obras por cuenta propia y debe contratar a terceros, debe al menos tener la capacidad de controlarlos”, subrayó.
La concejal insistió en que las obras deben cumplir no solo con la ejecución formal, sino también con estándares de calidad: “El dinero que se invierte es de todos, por eso no alcanza con que una obra esté finalizada: debe estar bien hecha. No podemos permitirnos seguir perdiendo recursos públicos sin generar mejoras reales”.
Asimismo, consideró que el municipio no está a la altura del control que requieren las contrataciones de terceros: “Se supone que cuando contratan empresas, deben supervisarlas. No es solo certificar por certificar. Hay que asegurarse de que la obra cumpla con su finalidad y tenga la calidad que corresponde”.
González también recordó que este tipo de reclamos se hacen primero de forma directa con el Ejecutivo, como corresponde, pero advirtió que cuando las respuestas no llegan, “amerita una intervención más profesional del Estado”.
El bloque Compromiso Ciudadano anticipó que seguirá avanzando con pedidos de informes y nuevos proyectos de ordenanza para atender estas problemáticas, mientras aguarda definiciones del Concejo Deliberante para las sesiones venideras.
