Desde el Frente de Todos consideraron “desproporcionado y abusivo” el incremento de los impuestos inmobiliario y automotor aplicado por el gobierno provincial. Señalaron que se trata de “un tarifazo a contramano de la realidad, muy por encima de la inflación, que destruye empleos y afecta gravemente el poder adquisitivo de los trabajadores”.
En diciembre, el bloque legislativo ya había rechazado el proyecto de Juntos Somos Río Negro advirtiendo que “es el manotazo de ahogado de un gobierno que llevó a la provincia al default”. Los incrementos van del 40 al 100% en automotores y más del 50% en el Inmobiliario.
Como era de esperar, los rionegrinos y las rionegrinas sufren en estos días el impacto del fuerte aumento en los impuestos provinciales, que el bloque del Frente de Todxs rechazó de plano en diciembre cuando el Ejecutivo provincial giró a la Legislatura el proyecto de actualización tarifaria e impositiva.
Desde mediados de enero comenzaron a llegar las boletas de impuestos inmobiliarios y patentes con incrementos que van del 40 al 100 por ciento, e incluso hubo denuncias ante la Defensoría del Pueblo por aumentos que superaron el 200 por ciento.
Un vehículo modesto de 500 mil pesos de valor de mercado, con seis años de antigüedad, pasó de pagar 1.258 pesos en diciembre a 2.024 en enero, lo que representa un 60 por ciento, para un asalariado cuyo sueldo tuvo un incremento del 25 por ciento durante todo 2020, en el mejor de los casos. Otro, con 12 años saltó de 1400 a 2500.
Una jefa de hogar con dos hijos, propietaria de un vehículo utilitario, de fabricación nacional, pagará este mes 6.800 pesos, frente a los 4.000 del anterior.
“Por debajo de algunas puertas ya asomaron las primeras boletas del impuesto inmobiliario con alarmantes incrementos que superan el 50% en ciertos casos. Misma situación para los automotores y otras obligaciones que los rionegrinos tendremos que afrontar sin entender en qué momento nos convertimos en la respuesta a la crisis. Un nuevo año comienza y seguimos sin saber cuál es el plan de gobierno, más preocupante aún, nos preguntamos… ¿hay un plan?”, dijeron en un comunicado los empresarios de la Federación de Entidades Rionegrinas, constituidas especialmente por pymes golpeadas por la pandemia.
“Nosotros hacemos en Rio Negro lo que hace nuestro gobierno nacional, proteger a los trabajadores, comerciantes y pymes que están atravesando una de las crisis más duras de la historia. La ley impositiva anual que impulsó el gobierno provincial demuestra su ideología ya que, a pesar que el presupuesto 2021 tiene un déficit fiscal de 4.343 millones de pesos, siguen beneficiando a las grandes empresas con la rebaja y exenciones a los ingresos brutos en línea con el Consenso Fiscal firmado durante el gobierno de Macri”, sostuvo el legislador Marcelo Mango, quien fue miembro informante en aquella sesión del mes pasado en la que la bancada se opuso al proyecto impositivo.
“Desde hace una década la situación económica y financiera de la provincia no ha dejado de empeorar. No se conoce cuál es el proyecto de desarrollo de mediano y largo plazo que tiene Juntos Somos Río Negro. Lo que sí tenemos es un gobierno que se sostiene con aportes nacionales, emisión de deuda que no puede pagar y tarifazos regresivos, que golpean siempre al bolsillo de los trabajadores y el sector productivo y no a los poderes económicos concentrados de la provincia que son quienes debieran aportar para salir de esta crisis”, manifestó la presidenta del bloque, María Eugenia Martini.
“Han llevado a que Río Negro sea un Estado cautivo, cuyo rol histórico depende de voluntades ajenas. En ese contexto se inscribe el paquete impositivo de la gobernadora Carreras, y estas son las razones del rechazo Frente de Todos: se trata de la continuidad de las políticas neoliberales aplicadas por el ex gobernador Weretilneck en la provincia, las mismas que nos llevaron al default provincial, las mismas que nos dejarán una deuda pública estimada en más de 65 mil millones de pesos para fines de este año. Una deuda que este paquete fiscal carga sobre las espaldas de los rionegrinos”, agregó.
Calificó al paquete fiscal como “regresivo” y destacó que el gobierno “va en favor de las grandes empresas, premia a aquellas actividades que han sido las principales ganadoras aun durante la pandemia. Como la minería a gran escala, que siempre apoyó la gobernadora. Y castiga en cambio al pequeño comerciante, a la clase media, propietarios de inmuebles urbanos que afrontarán aumentos por encima de la inflación, y al sector hotelero gastronómico, que depende del Turismo, precisamente, a la actividad que más ha sufrido”.
Consideró que “en Río Negro tenemos un Estado presente sólo para recaudar. Y que al mismo tiempo, a duras penas puede hacerse cargo de la prestación de servicios mínimos. Cuando llega el momento de la reactivación de la economía, cuando lo que la realidad demanda son políticas públicas proactivas que impulsen y sostengan la recuperación, Juntos Somos Río Negro impulsó este paquete fiscal que le pone una vez más la soga al cuello a los rionegrinos”.