Por iniciativa del Concejal Fabrio Mirano, desde el Concejo Deliberante, efectuaron un pedido al Poder Ejecutivo Nacional, que se abstenga de sancionar el Proyecto de decreto Nº IF-2024-47522959-APN-DE#AND, impulsado por el Director Ejecutivo de la Agencia Nacional de Discapacidad, Diego Orlando Spagnuolo, el pasado 8 de mayo de 2024.
El controvertido proyecto propone la desregularización del nomenclador del Sistema Único de Prestaciones Básicas de Atención Integral en favor de las Personas con Discapacidad. La principal preocupación es que, de hacerse efectivo, las personas con discapacidad quedarían en un estado de vulnerabilidad absoluta, dificultando significativamente su acceso a los servicios médicos necesarios.
Expertos y defensores de los derechos de las personas con discapacidad advierten que esta medida desincentivaría a muchos prestadores de servicios, quienes podrían perder el interés en brindar sus servicios debido al pago insuficiente por el trabajo profesional. Este problema radica en que las tarifas, actualmente predeterminadas y actualizadas por los reguladores, podrían ser fijadas de forma arbitraria por las Obras Sociales y otros proveedores de atención sanitaria, en detrimento del justo reconocimiento de los servicios prestados.
Se subraya que es responsabilidad del Estado fomentar el ejercicio completo de los derechos de las personas con discapacidad, conforme a la Convención Internacional sobre los Derechos de las Personas con Discapacidad, vigente en Argentina a través de la Ley 26.378 y con estructura constitucional establecida por la Ley 27.044.
El 7 de febrero de este año, el Foro Permanente para la Promoción y la Defensa de los Derechos de las Personas con Discapacidad organizó una Jornada Nacional de Discapacidad en Emergencia. Este evento tuvo como objetivo dar a conocer las dificultades actuales que enfrentan las personas con discapacidad, subrayando la urgencia de medidas efectivas y sensibles que protejan y promuevan sus derechos en lugar de comprometerlos.
En conclusión, la solicitud al Poder Ejecutivo Nacional refleja una preocupación profunda por las posibles consecuencias negativas de este proyecto de decreto, y un llamado a la reflexión y protección de los derechos de uno de los sectores más vulnerables de la sociedad.
