Destacan el accionar judicial por la causa «Tigre»: un avance significativo en lo legal

En un hecho sin precedentes para la jurisdicción, la Fiscalía logró la imputación y una condena con penas específicas contra una vecina de San Antonio Oeste, por el delito de crueldad animal en perjuicio de un perro rebautizado «Tigre». La resolución, emitida el 11 de marzo de 2025, marca un avance significativo en la persecución legal de estos casos.

Aunque, debido a su avanzada edad y una condición psicofísica debidamente acreditada, la acusada recibió el beneficio de la probation (suspensión del juicio a prueba), la sentencia estableció una serie de obligaciones y prohibiciones concretas que sientan un importante precedente:

• Fijar domicilio y someterse al control del Patronato de Liberados, el cual realizará supervisiones bimestrales.
• Efectuar una reparación económica simbólica.
• Someterse a un tratamiento psicológico especializado en maltrato animal, del cual solo podrá obtener el alta tras un informe que acredite su eficacia.
• Prohibición absoluta de tener animales a su cargo en el futuro.

El juez interviniente, Marcelo Juan Enrique Chironi, se mostró visiblemente conmovido por el padecimiento de la víctima, «Tigre». En su fundamentación, destacó la necesidad de una reforma legislativa que permita aumentar las penas para este tipo de delitos. Por su parte, el fiscal Gustavo Arbues fue reconocido por su firme posicionamiento durante la causa.

Organizaciones protectoras de animales, impulsoras de la denuncia, celebraron la resolución como un paso histórico. «Es necesario que nuestra sociedad comience a responder por los delitos contra aquellos que no tienen voz», afirmaron en un comunicado, y añadieron: «Tigre dejó en nuestros corazones una huella imborrable. Seguiremos luchando y alzando nuestra voz buscando justicia por cada animal maltratado, en memoria del perrito que la crueldad, la indiferencia y la injusticia mataron».

El caso «Tigre» sienta un rumbo novedoso al incorporar medidas como la prohibición de tenencia y el tratamiento psicológico obligatorio, buscando no solo sancionar, sino también prevenir futuros hechos de violencia.

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