El único gremio en «pie de guerra» contra el sistema de licencias, por ahora, es UNTER. El resto de los gremios solo ha emitido escuetos comunicados mencionando su oposición.
El gremio docente ha vuelto a la lucha, centrado en sus propios intereses, dejando a miles de estudiantes sin clases.
El gobierno ha comenzado un ajuste con acciones tendientes a controlar el ausentismo y la «industria» del certificado médico. Había profesionales que incluso cobraban un canon para brindar certificados médicos por enfermedades leves, lo que permitía a los empleados estatales ausentarse por semanas gracias a estos favores concedidos.
No se debe negar la realidad que los gremios intentan objetar. El gobierno, incluso, proporcionó estadísticas que muestran cómo disminuyeron las licencias médicas desde el inicio de estos controles.
La Municipalidad de San Antonio Oeste no es ajena a lo que ocurre en la provincia, y el intendente Casadei firmó un convenio para aplicar el mismo sistema de control en el ámbito comunal.
A este nuevo frente abierto por el gremio docente contra el control estatal de las licencias, se le suman dos posibles leyes: una de presentismo y otra para declarar la educación como servicio esencial. Ambas iniciativas fueron presentadas por el PRO y se encuentran en comisiones.
Desde el oficialismo respondieron con un mensaje del legislador Facundo López: «No se ha vulnerado ningún derecho; al contrario, se están poniendo límites a los abusos», enfatizó. «UNTER quedó en evidencia al ser el único gremio que convocó a un paro en rechazo a los controles de ausentismo».
Weretilneck suma días sin resolver los nombramientos en el Ministerio de Salud y la Secretaría de Turismo. El mandatario ha declarado que no quiere cometer errores en estas designaciones, como los que, según él, ha cometido hasta ahora.
El gobernador busca implementar un sistema de salud público-privado y transformar el área de turismo en una agencia, apuestas que no son fáciles de concretar.
Esta semana, la legislatura sesionará para discutir, entre otros temas, la eliminación de normas que entorpecen trámites oficiales, tanto para la actividad económica como para los ciudadanos, con el fin de agilizar la burocracia estatal. También se espera que se trate en segunda vuelta la expropiación de la ex Galme Pesquera.
El viernes, el Concejo Deliberante, por mayoría especial, aprobó una nueva ordenanza, anulando la anterior y corrigiendo el error cometido al haber enviado una sin los dos tercios requeridos por la Carta Orgánica. La nueva ordenanza contó con el voto positivo de JSRN, NURN y RN1. Sin embargo, la UCR/PRO y Compromiso Ciudadano votaron en contra, argumentando que la manzana 130 tiene un supuesto propietario, al igual que otros lotes, y solicitaron más tiempo para analizar la situación.
De todas formas, una vez que el lugar sea declarado de utilidad pública por el parlamento, los propietarios que se presenten deberán acudir a la justicia, probablemente para reclamar una indemnización, lo que será otro capítulo en esta historia.
Mientras tanto, se avanzó en la demolición de ese sitio, que durante más de 20 años fue refugio de malvivientes y que además costó la vida de varios vecinos, dejando una huella lamentable en sus familias.
Para gobernar, es necesario tomar decisiones con firmeza. En este caso, el ejecutivo actuó con determinación y avanzó. La tibieza en política no es un buen consejero.
Aquellos que se atribuyen derechos sobre ese lugar deberán responder ante las sedes judiciales y las familias afectadas por años de desidia, violencia y muerte.
La ex Galme Pesquera fue parte de una gloriosa época económica en San Antonio Oeste y, posteriormente, se convirtió en un monumento a la corrupción. Los inmorales que intentaron aprovecharse de ese lugar, sujetos vinculados al poder político en otros tiempos y también a la quiebra del ex Banco Provincia.
Algún día esperemos, vuelvan a ser alcanzados por la justicia.