Según datos del INDEC, Río Negro se encuentra entre las provincias con la segunda menor tasa de desocupación del país. Para el gobierno provincial, esto se debe a la puesta en marcha de inversiones hidrocarburíferas y a normativas que buscan dinamizar el empleo, mayormente con mano de obra rionegrina.
Es el mismo INDEC que indica que la inflación no supera el 3% mensual, a pesar del incremento de los servicios, la suba de los combustibles y la constante fluctuación de los precios de los alimentos, que lejos de bajar, continúan en ascenso.
Sin embargo, cuando ese mismo organismo reflejó un aumento del desempleo, no hubo pronunciamientos oficiales. El silencio contrastó con la rapidez con la que se destacan los indicadores favorables. En ese contexto, el ministro Federico Sturzenegger incluso recomendó que quienes buscan trabajo se trasladen hacia las zonas donde se concentran las inversiones. Una afirmación que, para muchos, parece desconectada de la realidad cotidiana.
Que exista un 1,3% de desocupación no es motivo de celebración, sino de preocupación. No se festeja: se lamenta. Detrás de ese número hay personas que no logran acceder a un sustento básico.
El ejido de San Antonio Oeste no escapa a esta situación. Si bien comienzan a llegar inversiones vinculadas al GNL, el acceso al empleo no es universal. Muchos aspirantes quedan fuera por no superar exámenes preocupacionales, en muchos casos vinculados al consumo problemático de alcohol o drogas. Otros, por falta de capacitación o por no haber finalizado sus estudios secundarios.
En la sede de la UOCRA local, las carpetas se acumulan. Cada una representa una historia, una expectativa, una necesidad urgente. Son escritorios llenos de currículums, cada uno con la esperanza de una oportunidad.
Ese es el panorama real: expectativas depositadas en un llamado que quizás llegue, en la posibilidad de acceder a un ingreso, por mínimo que sea, que permita sostener lo básico.
Las crisis que atraviesa el país son el resultado de políticas económicas tanto pasadas como presentes, sin distinción de signos políticos. Todas han dejado consecuencias.
Las actividades productivas de la región también muestran su fragilidad. El turismo, por ejemplo, depende de variables inestables: si llega gente pero gasta poco, o si directamente disminuye la afluencia, el impacto en la economía local es inmediato.
La pesca ofrece otro ejemplo. Cuando abunda el langostino, vuelve el optimismo. Pero ante una veda necesaria para preservar el recurso, surgen las críticas. Se insiste en explotar sin medir las consecuencias futuras.
El caso de ALPAT refleja un patrón recurrente: la apertura indiscriminada de importaciones, sumada a los costos internos —como el tipo de cambio, los impuestos y el precio del gas—, dificulta la competitividad. Caen las ventas, se ajustan estructuras, se pierden empleos y se deteriora la cadena de pagos.
Sin necesidad de ser economista, el escenario es previsible: inflación persistente, recesión, aumento del desempleo formal y crecimiento de la informalidad.
Lo que se observa es un círculo que se retroalimenta: la recesión golpea a las empresas, genera despidos, impulsa la informalidad y reduce el consumo, afectando directamente los ingresos familiares. Sin cambios estructurales profundos, estos problemas no solo se mantienen, sino que tienden a agravarse.
Y mientras los indicadores intentan mostrar una realidad estadística ordenada, en la vida cotidiana la incertidumbre sigue siendo la única constante. Porque detrás de cada porcentaje hay personas, y detrás de cada número, una urgencia que no admite demoras. (en X: @caa174)
