La campaña continúa de cara a las elecciones nacionales: visitas de candidatos, inauguraciones, licitaciones, obras concluidas y otras en marcha. Todo forma parte del tránsito hacia las urnas en una contienda de medio término que finalizará con dos partidos que ponderarán sus logros, mientras otros quedarán observando cómo rearmar la estrategia hacia 2027.
El hecho es que muchos aún no deciden a quién votar. El electorado indeciso sigue siendo alto y hasta los propios encuestadores alineados a La Libertad Avanza reconocen una menor incidencia del mileísmo en Río Negro, cuando antes pregonaban tendencias muy favorables.
El peronismo mantiene su eterno 30%, sin variaciones. Con ese caudal aún le alcanza para estar entre quienes tienen chances de conservar bancas. Los indecisos pueden hacer crecer el número de todos, pero el declive de LLA hizo virar y radicalizar más sus discursos a Juntos Defendemos Río Negro, que intensificó sus ataques a las políticas nacionales.
La derrota de Milei en Buenos Aires evidenció ese cambio: el justicialismo endureció aún más su discurso y el provincialismo profundizó las críticas hacia Nación. En ese contexto quedaron atrapados Juan Martín y Rivero, que avalan al mileísmo pero no logran despegarse de las polémicas: la supuesta coima en la ANDIS, la corrida cambiaria y el quite de financiamiento a sectores sensibles de la sociedad. Parte del electorado comenzó a dar la espalda a las ideas libertarias.
A esto le sumamos que, lamentablemente, una vez más, el equipo económico manejó el país como si fuera una mesa de dinero. Lo hicieron cuando fueron protagonistas en los últimos 25 años, también en los setenta, y nunca funcionó. A eso se sumó un ajuste fiscal que no fue ni justo, ni eficiente ni sostenible, acompañado de políticas erráticas que desalentaron la inversión, golpearon al sector productivo y deterioraron la confianza de los consumidores.
Todo esto pesará a la hora de que el votante decida. Falta ver si polarizará el voto o lo distribuirá entre varias opciones. Allí es donde JDRN busca poner el énfasis.
Un problema grave
ALPAT es un caso emblemático. Lo advertimos en esta columna: la empresa que produce carbonato de sodio casi no tiene mercado. El alto costo de los servicios, hoy cubierto parcialmente por un empréstito provincial, se suma a impuestos que nunca cedieron. Mientras tanto, la apertura indiscriminada de importaciones coloca el producto extranjero 150 dólares más barato que el nacional. Es insostenible. Lo primero que hacen es reducir el costo laboral.
La compañía no tiene fondos y pierde cada mes una suma considerable. No podrá afrontar los “logros” paritarios anunciados por el gremio. El mercado actual no es favorable para esta ni para ninguna empresa que produzca en la Argentina bajo esta política económica.
Otro frente crítico es la pesca. La industria dejó en la calle a más de 200 trabajadores directos y otros 200 indirectos. Muchos hacen lo que pueden, otros se suman a cooperativas y algunos debieron emigrar en busca de sustento. La falta de competitividad para 2026 es evidente: no hubo rebajas impositivas, se perdió el 33% del mercado interno y las proyecciones prevén una caída del 45% en los próximos meses. Un escenario desolador.
Sin embargo, no todo son sombras. Hace pocos días llegó una noticia alentadora que el gobierno nacional debería capitalizar: la Organización Mundial del Comercio declaró como pesca ilegal toda actividad subsidiada. Esto fortalece la posición argentina frente a flotas extranjeras, como la china. Pero aún falta decisión política: el Presupuesto presentado en Cadena Nacional no prevé una baja de impuestos ni establece mecanismos firmes de control internacional en los puertos.
El futuro inmediato no será sencillo. La economía golpea de lleno a la producción y al trabajo, mientras la política se concentra en la campaña. El desafío será si, una vez terminada la elección, los gobiernos —nacional y provincial— podrán mirar más allá de la coyuntura y diseñar un rumbo que devuelva certezas. Porque lo que está en juego no son sólo bancas legislativas: es la estabilidad de las familias, de los trabajadores y de las empresas que sostienen la vida económica de la región.
