Hubo inicio de sesiones, repasos y más repasos en lo político, social y económico, aunque la población reclama que estos soliloquios se traduzcan en hechos concretos.
Como es habitual, hay quienes aplauden y quienes critican, dependiendo de su posición actual o de su afinidad con los representantes que llevan adelante la gestión gubernamental.
Sin embargo, lo que pocos expresan con claridad es el impacto real que ha tenido el aumento de las tarifas en la economía doméstica.
Si bien la inflación ha dejado de ser el problema central, muchos servicios continúan registrando incrementos que superan el nivel general de inflación. Otros, en cambio, se mantienen dentro de ese límite debido a la intervención o presión estatal.
Al inicio de 2025, la canasta de servicios públicos representó entre el 12 % y el 18 % del salario promedio, una consecuencia directa del ajuste fiscal impulsado por el Gobierno. Este ajuste incluyó un incremento en las tarifas y una reducción del 60 % en los subsidios, con el objetivo de alcanzar el superávit fiscal y frenar la inflación.
Con el comienzo de marzo, llegaron nuevas subas en la tarifa eléctrica. El Ente Nacional Regulador de la Electricidad (ENRE) dispuso aumentos en el transporte eléctrico, que rondarán el 2 % en todo el país, impacto que se verá reflejado en las próximas facturas.
No obstante, es importante aclarar que este incremento del 2 % en la tarifa de transporte no se trasladará en la misma proporción al valor final de la factura. De hecho, dicho ítem representa aproximadamente el 2 % del monto total. La mayor carga corresponde al costo de la energía (45 %), seguido por el Valor Agregado de Distribución (30 %), mientras que el 24 % restante se destina a impuestos.
En Río Negro, el impacto será aún mayor. El Ente Provincial Regulador de la Electricidad (EPRE) ya convocó a una audiencia pública de revisión tarifaria a pedido de la empresa EdERSA, la cual se realizará a fin de mes.
Desde EdERSA señalaron que el retraso en las subas del VAD (Valor Agregado de Distribución) con respecto a la inflación acumulada en 2024 era de 15 puntos. En enero se reconoció una recomposición del 6 %, quedando aún un 9 % pendiente.
A su vez, los empresarios nucleados en FEERN manifestaron su descontento ante los aumentos en las tarifas de baja y media tensión. Según indicaron, el incremento acumulado superará ampliamente el 19 %, lo que evidencia una tendencia sostenida de subas que no se correlacionan con la inflación ni con la variación del tipo de cambio.
El impacto no solo golpeará el bolsillo de los ciudadanos, sino que también afectará a las empresas y comercios, comprometiendo la competitividad del sector productivo y reduciendo el poder adquisitivo de los usuarios.
En San Antonio Oeste, la situación es aún más preocupante. Familias con bajos ingresos o en situación de desempleo enfrentan serias dificultades para pagar los servicios. Si antes debían recortar gastos, ahora la situación se torna aún más crítica.
Además, las distribuidoras de servicios no muestran contemplación alguna y, en muchos casos, no aplican las disposiciones de la ley que protege a las personas en estado de vulnerabilidad, quienes legalmente no pueden ser privadas del servicio.
Las actuales políticas económicas parecen favorecer a las empresas en detrimento de la comunidad, que ve cómo su poder adquisitivo se deteriora cada vez más. A su vez, afectan a las PYMES, que son las principales generadoras de empleo.
