El 26 de octubre reacomodará las fuerzas políticas existentes. Dos oficialismos se enfrentarán en las urnas: el provincial y el nacional, ambos sin lograr una unidad plena.
El PRO se apartó de La Libertad Avanza. Aníbal Tortoriello no quiere aparecer junto a Lorena Villaverde y recorrerá un camino paralelo. Por su parte, Ariel Rivero centra su campaña en las grandes ciudades.
En tanto, Juntos Somos Río Negro (JSRN) enfrenta tensiones con un sector del peronismo “verde”, principalmente con la figura de Pedro Pesatti, quien mantiene una relación distante con Alberto Weretilneck. El vicegobernador impulsaría con su propio núcleo una disgregación paulatina, que comenzó con Garavaglia y podría continuar con otros dirigentes dentro del gobierno.
Al mismo tiempo, algunos referentes que saltaron del justicialismo a JSRN serán quienes sostengan esa pata peronista dentro del partido provincial, respaldando a los candidatos a senadores y diputados.
En contraste, el peronismo con Fuerza Patria llega unido, algo que quedó demostrado en el acto de General Roca. Algunas encuestas incluso lo posicionan en primer lugar.
Cada localidad deberá prepararse para una campaña que ya está en ciernes.
En el ejido de San Antonio Oeste, a la sociedad se le ha sumado una nueva expectativa: las inversiones en GNL que arribarán a la costa, al sur de Las Grutas. Este anuncio hizo que comerciantes de la villa turística reaccionaran en plena baja temporada, exigiendo a la Cámara de Comercio —y a su presidente— que se garantice un derrame económico. Incluso solicitaron la remoción de la Comisión Directiva para elegir otra que, supuestamente, “les abra las puertas” a los contratos.
Más allá de las exigencias establecidas para ser proveedores de estas compañías, se trata de un llamado de atención: ¿qué prestador o comercio está realmente a la altura de las circunstancias para recibir el famoso “derrame”? La realidad indica que no todos podrán acceder, no por falta de voluntad, sino por cuestiones vinculadas a la legalidad, la carga impositiva, la calidad, los mecanismos de cobranza y otros factores.
Otro eje clave es la Terminal Portuaria, donde ya hay empresas que iniciaron consultas para obtener la concesión por los próximos 30 años, coincidiendo con el período en que Southern Energy operará concentrando la logística en el Puerto de San Antonio Este. Se trata de un escenario donde grandes capitales apostarán al desarrollo de las radas y del complejo portuario, y donde la negociación política jugará un rol determinante.
Pero si el GNL despierta expectativas, lo opuesto ocurre con la situación de Alcalis de la Patagonia. Hasta la semana pasada la empresa no había recibido la totalidad del dinero prometido por el gobierno rionegrino. A eso se suma que actualmente apenas cuenta con dos compradores en el país.
La competencia es desigual: la soda Solvay importada ingresa al mercado a 200 dólares la tonelada, mientras que ALPAT necesita vender como mínimo a 350 dólares. Así resulta imposible competir. Además, el pago del gas en invierno se lleva casi el 50% de la facturación, dejando a la firma con enormes dificultades para afrontar salarios, proveedores, insumos y otros servicios.
Hoy en ALPAT no se vislumbra un futuro promisorio. Con una pérdida millonaria mensual, la continuidad se vuelve inviable. Nunca fue un problema resuelto, sino una situación que se fue estirando en el tiempo, agravándose mes tras mes.
Por un lado, el éxtasis de las nuevas inversiones; por el otro, la agonía de un gigante de la industria rionegrina, cuyo impacto financiero en San Antonio Oeste es trascendental.
Son los parámetros de la nueva economía iniciada a fines de 2023: no alcanzará para todos. Y muchos, lamentablemente demasiados, quedarán al costado del camino.
