Con el debate sobre la emergencia económica en el recinto del Concejo Deliberante comenzó, de hecho, la campaña política rumbo a 2027, tanto para la intendencia como para las concejalías. Actores vinculados directa o indirectamente a la política local fueron protagonistas del intercambio; muchos se hicieron presentes, aunque se esperaba un debate más a la altura del nivel de representatividad que la sociedad viene reclamando.
Algunos soliloquios fueron interesantes; otros, probablemente, ni siquiera serán recordados por quienes los pronunciaron. Como ya señalamos en esta columna, existe un vacío legal en la Carta Orgánica Municipal respecto a este tipo de solicitudes del Ejecutivo: no está claro si requieren mayoría especial o no. Tampoco ningún edil planteó la necesidad de reglamentar o establecer una ordenanza que limite este tipo de iniciativas, quizá porque, en un futuro, esa herramienta podría resultar útil para quienes lleguen a ocupar el sillón de la calle Brown.
El problema de financiamiento municipal es real. El Municipio se ha convertido en el mayor empleador local, superando a ALPAT y a Patagonia Norte. Antes, eran estas empresas privadas las que contrataban más personal que el Estado municipal.
En el debate hubo más enojo que argumentos sólidos sobre por qué no sería necesaria la emergencia económica. Fue el juego que buscó el Ejecutivo, y en el que muchos quedaron atrapados. Una parte de JSRN también planteó que no es indispensable declarar una emergencia. Así lo expresó Luis Noale, quien recientemente tuvo un entredicho con Casadei en la terminal portuaria, luego zanjado en una reunión el viernes. Aun así, las posturas políticas se mantuvieron firmes.
El lunes se promulgará la emergencia económica y la oposición podría realizar una presentación judicial en los próximos días. Pero deberá estudiarse cuidadosamente: no existe una reglamentación específica y la Constitución de Río Negro tampoco menciona explícitamente la “emergencia económica”. Sí habilita al Ejecutivo a tomar medidas excepcionales y al Legislativo a dictar normas en casos de necesidad. Lo mismo sucede, en paralelo, con la Carta Orgánica municipal y el Concejo Deliberante.
No hay jurisprudencia específica sobre declaratorias de emergencia económica en municipios, aunque sí existe sobre conflictos de poderes donde intervino el STJ, como ocurrió este año en Cinco Saltos. Ante ese marco legal difuso, las chances de una impugnación inmediata parecen limitadas, salvo que un análisis exhaustivo del plexo normativo permita encontrar algún resquicio.
Volviendo al inicio de la columna, es evidente que varios actores políticos ya están pensando en las elecciones municipales. De la oposición podrían surgir unificaciones de criterios o eventuales alianzas. Quien aspire a ganar deberá construir coaliciones: en soledad, nadie logrará la mayoría necesaria. Incluso el propio JSRN tendrá que diseñar nuevas estrategias si pretende conservar el poder local.
El escenario político ya se movió. La emergencia económica fue apenas el acto de apertura de una disputa mayor: la del 2027. Lo que viene será un juego de acuerdos, tensiones y estrategias. Y, como siempre, será la ciudadanía quien evalúe quién estuvo a la altura del desafío.
